Un nuevo episodio en la polémica suscitada con la urbanización de la calle donde se encuentra la residencia del alcalde, Agustín Fernández. En este caso concreto en el ámbito municipal, aunque todo el asunto ya se encuentra en la vía judicial, con sendas denuncias -una del grupo del Partido Popular y otra del propio regidor que formalizó el jueves-, en la Fiscalía, que en su momento procedió a la apertura de diligencias penales para determinar si existen los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

La junta de gobierno local acordó, en la reunión extraordinaria que celebró ayer, incoar un expediente de revisión de oficio sobre el acuerdo que había adoptado, el 15 de abril de 2010, relativo al expediente sobre la devolución del aval constituido por la obras de urbanización correspondientes con la vivienda unifamiliar del actual alcalde en la calle Clara Corral Aller, así como el acuerdo de 8 de marzo de 2014.

Un acuerdo que tomó la junta de gobierno de revisar de oficio el expediente, a petición de la Concejalía de Urbanismo, y que estuvo presidida por la primer teniente de alcalde, la edil de Bienestar Social, Marga Martín, ya que Agustín Fernández no participó en la misma para no incurrir en causa de abstención, según indicaron fuentes de Alcaldía.

De esa forma, el expediente por el que se procedió a la cancelación del aval constituido por un importe económico de 10.633,62 euros por Agustín Fernández acordando autorizar su devolución será ahora revisado de oficio por el Concello de Ourense, según la propuesta de los técnicos del servicio municipal de licencias, como el procedimiento más adecuado para dilucidar si procede o no la declaración de lesividad de un acto anulable.

Período de prescripción

Con este acuerdo, y según el informe jurídico "incoar la revisión de oficio, de un acto presuntamente anulable, produce la interrupción del plazo de prescripción establecido al efecto", como había advertido en su momento el grupo popular, y que según consta en el mencionado informe finaliza el próximo miércoles 16 de abril.

Otra de las cuestiones que se aclara por parte del gobierno municipal, es que la revisión de oficio implica y advierte que "no es más que un procedimiento encaminado a dilucidar si procede o no la lesividad de un acto anulable, conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas". Proceso que se inicia después del informe de Intervención que reclama el pago de entorno a 28.000 euros al alcalde.

Sobre el proceso, el alcalde aseguró que no presentará alegaciones y no participará en el procedimiento administrativo que ahora se inicia, para no intervenir en las decisiones que se puedan adoptar en el mismo. Pero Agustín Fernández dijo que "me reservo ulteriores medidas", una vez el Concello adopte una resolución al procedimiento de revisión que tendrá carácter firme.

Y aunque el alcalde asegura que pagará los costes de urbanización de la calle que le correspondan, si así loa acordase el Concello, advierte que acudirá a la vía Contencioso-Administrativo para "defender mis derechos", y reiterando que en los últimos años ningún vecino de Ourense tuvo que abonar cuantía económica alguna por las urbanizaciones de calles que se ejecutaron, aunque en este caso concreto la financiación de las mismas fue con cargo al Estado, al ser incluida la obra en cuestión dentro del Plan E, lo que le permitió reclamara la devolución del aval.