El último alcalde de Ourense en pasar por los juzgados fue, ayer, el regidor de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares (PP). El político compareció en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho que la juez de O Carballiño investiga a partir de una pieza derivada de la mayor investigación contra el fraude fiscal, mediante la emisión de facturas, falsas destapada de momento en Galicia.
El dueño del grupo empresarial "Las 5 Jotas", que ya acumula una decena de condenas en primera instancia, acusó en un juzgado de Vigo a Valladares de un supuesto chantaje y soborno que le habrían exigido como condición para desbloquear un proyecto, sin materializar, para instalar en el municipio ourensano una factoría de casas prefabricadas. El industrial y el regidor comparecieron juntos, en la antesala de las autonómicas de 2009, prometiendo 120 empleos.
El veterano alcalde declinó hacer valoraciones ayer tras su interrogatorio. "Voy conduciendo, voy conduciendo, que me pueden multar y es peor", dijo lacónicamente en la única ocasión que respondió al teléfono. La Fiscalía no envió a ningún representante al acto de declaración. La magistrada que investiga el caso interrogará, la próxima semana, al secretario municipal. S.M.V., quien también fue incriminado por el empresario en una declaración realizada el pasado 14 de noviembre ante la magistrada de Instrucción Número Seis de Vigo.
Costas aludió expresamente al veterano regidor de Cea y al secretario del ayuntamiento. Según su versión, Valladares y el funcionario habrían percibido 50.000 euros en dinero negro y le habrían exigido otros 250.000 más "como condición para escriturar" a nombre de su sociedad un total de 365.000 metros cuadrados de terreno, entre el suelo de propiedad municipal y el procedente de la comunidad de montes de Cea, para la instalación de su fábrica de casas prefabricadas, "a cambio de ciertas cantidades entregadas por Costas en concepto de reserva" que alcanzaron según el imputado 2 millones de euros
. "Me dijo que me tenían 'agarrado por los huevos' y estaba presente el alcalde", fue la frase literal del empresario ante la magistrada viguesa. La mordida sería la condición sine qua non para poder escriturar los terrenos del polígono de Cea, según aquella versión que ha llevado a la imputación del alcalde.
Una inspección hace 2 años
Valladares negaba entonces categóricamente las acusaciones de Costas y anunció una querella de la que no hubo más noticias. El regidor alegó que, hace unos 2 años, la Agencia Tributaria de Vigo realizó en Cea una inspección. No se detectaron, según su versión, irregularidades. El político sostuvo que el concello entregó a Costas 160.000 metros cuadrados para que levantara una nave de 50.000 a cambio de una fianza de 1,84 millones. Le pidió, después, un importe similar para poder escriturar. "Nos ceñimos única y exclusivamente los convenios", decía.
