El "préstamo verbal y humanitario" --denominación dada por el alcalde Agustín Fernández--, concedido por el grupo socialista con dinero público procedente de la asignación a los grupos políticos, a un alto funcionario del Concello de Ourense, en concreto al jefe de servicio de Recaudación y por un importe superior a los 21.000 euros, no fue auditado ni tributado, ya que no se refleja en los asientos contables presentados al Tribunal de Cuentas en los ejercicios de 2008 a 2012.

Además, el "préstamo verbal humanitario" es una figura administrativa que no existe, como así indicaron fuentes de la Hacienda Pública y de la Administración del Estado consultadas por FARO, que además de dejar patente cierta sorpresa y asombro por la puesta en circulación de ese tipo de planteamientos, advierten sobre las presuntas irregularidades que podrían derivar en algún tipo de delito.

A este respecto, y en función de los datos que se conocen, como los que daba a conocer el alcalde, Agustín Fernández, estas mismas fuentes recalcan que se trata de fondos públicos, por lo que todo tipo de préstamos a empleados de las administraciones, en este caso municipal, están regulados, por lo que tal y como lo realizó el grupo socialista, a través de un acuerdo verbal, lleva consigo que se produjeran fuera del marco legal establecido y al margen de la disposición establecida por ley.

De ahí que por parte del grupo municipal popular se solicitase toda la documentación al respecto, que a día de hoy sigue sin recibir, pero después de que el alcalde, Agustín Fernández, explicase al portavoz del PP, Rosendo Fernández, en una reunión a la que lo convocó vía SMS, que el préstamo fue verbal y que no había registro de entrada y salida. Las dudas sobre la legalidad podrían llevar a los populares a tomar otro tipo de acciones más allá de las del ámbito político, como así lo indicaron al término del pasado pleno extraordinario, por lo que no descartan que llegue a la vía judicial, decisión que adoptarán en función del informe de los asesores jurídicos.

A interés cero

Lo que también no deja de sorprender en todo este asunto a Rosendo Fernández es que el propio alcalde, que en su ámbito profesional es un alto funcionario de la Agencia Tributaria, además de mantener que todo "fue legal", reconociese que se trata de un "préstamo a cero euros de interés, como en Alemania".

En cuanto a los papeles que le habría mostrado en esa reunión el alcalde, el portavoz popular destaca que la característica de todos ellos es el no tener ningún tipo de firma legible, además de reconocerle Agustín Fernández que "no habían pasado por el notario ni por la Consellería de Hacienda de la Xunta", con lo que entiende que "estamos ante una irregularidad manifiesta", evitando entrar, por el momento, en que de esa actuación se derive la comisión de delitos, como pueden ser la malversación de caudales públicos y de prevaricación.

Con estos antecedentes, Rosendo Fernández rechaza de plano el argumento del alcalde de que la concesión del préstamo "verbal y humanitario todo está en regla", y sostiene que Agustín Fernández "lo confunde con un acuerdo entre partes", con la relevancia que tiene el hecho de que se trata de fondos públicos, en concreto de asignaciones a grupos políticos reflejadas en los Presupuestos del Concello de Ourense.

Lo que también le resulta altamente sospechoso a Rosendo Fernández es que un funcionario del Concello reciba un préstamo del grupo municipal socialista sin que tengan conocimiento del mismo parte de los concejales hasta tres años después, a raíz de que uno de ellos solicitó las cuentas del grupo, publicadas en exclusiva por FARO, y al alcalde no le quedase otra que reconocer la existencia del "préstamos verbal humanitario".