La Diputación de Ourense servirá de modelo al Gobierno de Mariano Rajoy para anticiparse a los efectos de la reforma de la Administración Local antes de su aplicación prevista para enero de 2014. Lo anunció ayer en la ciudad el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que puso a la institución que preside Manuel Baltar como "ejemplo de gestión y racionalización del gasto".
El ejecutivo pretende exportar al resto de diputaciones de España el modelo de gestión administrativa de una diputación que destina el 42 por ciento de su presupuesto a pagar nóminas y que lucha por reducir una deuda lastrada por organismos dependientes de los que ha empezado a desprenderse.
La racionalización que le aplaude Antonio Beteta a Baltar es uno de los objetivos que persigue la reforma local. Descartada la supresión de ayuntamientos por pequeños que sean, el Gobierno mantiene la necesidad de un "refuerzo" a la capacidad de gestión de municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo que ya hace la Diputación de Ourense a través de su central de compras de suministros, la recogida de basura o la recaudación de tasas municipales en aquellos municipios que deciden delegar competencias.
En el intento de legislar contra las competencias impropias, el Gobierno central ha puesto el ojo en una diputación que ha dedicado parte de sus fondos a sustentar duplicidades como la sociedad urbanística Urbaourense que nació para gestionar suelo durante el bipartito y que ha tenido que disolverse sin cumplir objetivos y que mantuvo hasta hace pocos meses servicios deficitarios como un hipódromo y una escuela de equitación. En cambio, se resiste a desprenderse de un organismo como el Inorde, al que dedicó este año un millón de euros pero que solo invierte 3.000 euros.
Antonio Beteta explicó ayer en el marco de una jornada organizada por el propio Baltar para potenciar el papel de las diputaciones que la reforma local pretende "resolver las competencias impropias y los gastos duplicados" y establecer cuales son las actividades complementarias que están desarrollando las entidades locales pero que son competencia de las comunidades autónomas. En este sentido, el secretario de Estado fue muy claro con los alcaldes y representantes municipales allí presentes afirmando que "dos no pueden hacer lo mismo y si yo hago algo que es del otro, que me lo pague". Anunció que la reforma local que prepara el Gobierno "nos someterá a todos a una evaluación como la de los colegios" y apeló a la "transparencia".
Beteta advirtió también de la necesidad de ajustar los presupuestos municipales y pidió máxima puntualidad en el pago a los proveedores. Explicó una tercera fase que reducirá a 30 días el plazo de morosidad y les recordó que la reforma no les permitirá gastar más de lo que puedan ingresar.
