El proceso judicial de la ayuda a domicilio en Ourense llega a su fase de ebullición. Marzo se consumirá con las declaraciones sucesivas de testigos e imputados. La investigación por presuntos delitos como falsedad documental o prevaricación en la anterior contrata del servicio municipal privatizado de ayuda a domicilio llevará finalmente al juzgado en calidad de imputada a la edil de Benestar Social y teniente de alcalde del Concello de Ourense, la socialista Marga Martín. El magistrado de instrucción Número Dos de Ourense, Antonio Piña, ha citado a declarar a la concejala el próximo día 27 de marzo, en plena Semana Santa, a las 9.45 de la mañana.
La edil será interrogada por las sospechas delictivas del modo de relación económica con la empresa y la existencia de dos facturas presuntamente falsas de regularización, de en torno a 236.000 euros y sin registro de entrada, que el grupo de oposición de Democracia Ourensana (DO) denunció por la vía penal, una iniciativa que desencadenó la causa judicial.
Las comparecencias comienzan ya el próximo miércoles con la citación de las primeras dos imputadas, M.R., la exjefa de servicio de Benestar Social, funcionaria que debía comprobar que la facturación fuera correcta, y C.F., una técnico de administración general que pasó de la concejalía de Martín al de Personal de la edil no electa Carmen Dacosta. El día que declara la teniente de alcalde también han sido citadas, a continuación e igualmente como imputadas, dos trabajadoras de su departamento, C.R.G. y M.J.M., cuyas firmas también aparecen en los expedientes recabados por el juez. La primera de estas funcionarias había pasado por el juzgado como testigo pero el magistrado ordenó suspender su declaración y prevenirla de que sería llamada a declarar con abogado ante las sospechas de delito.
La concejala Marga Martín, que llegó a ser alcaldesa durante unos días tras la crisis municipal por el caso Pokémon que derrocó al anterior alcalde, era la persona responsable de la firma política de las facturas, según la propia terminología que utilizó el interventor municipal en su intervención en calidad de testigo el pasado 27 de febrero. Comprobar que el contenido de la factura fuera correcto, reiteró el interventor, correspondía a la concejala Marga Martín, quien daba la conformidad con la tramitación, y la exjefa de servicio citada debía comprobar que fuera correcto y se ajustara al gasto. La edil autorizaba la orden de pago y quien la conformaba, según el funcionario, era M.R.. En última instancia, la aprobación de las facturas mediante decreto, el último paso del proceso, era competencia de la Concejalía de Hacienda. El actual alcalde, Agustín Fernández, gobernaba entonces ese departamento.
El magistrado está indagando si existió una doble contabilidad continuada de la firma y la explicación de la facturación mensual del servicio según el precio y las horas realizadas. Una extrabajadora de la empresa aludió a una doble facturación con apartes de 9.000 euros. Democracia Ourensana expresó sus dudas de que pudiera producirse un "reparto de dinero", según verbalizó su abogado. Una empleada de la UTE que ya prestó testimonio en la causa reconoció que las facturas de pago eran entregadas en sobre cerrado a la concejala y teniente de alcalde, ya con estatus de imputada.
El contenido de su ordenador
El foco judicial se aproximó todavía más a Marga Martín a mediados de febrero tras ordenar el juez instructor al grupo especializado de la Guardia Civil que requisara su ordenador personal así como el de los dos exsocios de la UTE. El magistrado ordenó la clonación de los discos duros y pidió información a los servidores informáticos para investigar el contenido de correos electrónicos cruzados entre Marga Martín, el exalcalde imputada en la Pokemon Francisco Rodríguez y Alberto López, el gerente único de la contrata investigada y con idéntica responsabilidad en la actual, cuya concesión se formalizó en diciembre de 2011. El juez ha enviado en varios ocasiones a la Policía a la casa del Ayuntamiento para recabar documentación del servicio municipal privatizado.
El caso analiza una supuesta facturación doble tras la que se investiga si existieron delitos. El Concello de Ourense siguió facturando a la UTE investigada durante más de un año después de que venciera el contrato. Le abonó tres millones de euros durante un año y tras llegar a una resolución de mutuo acuerdo pese a existir una sentencia del TSXG que anulaba el acuerdo de adjudicación del contrato en 2007. La empresa siguió prestando el servicio durante un año sin cobertura legal.
Por si fuera poco, la adjudicataria municipal -el Concello debería haberse cerciorado de que estuviera al corriente de pago, subrayan algunas fuentes-mantenía y engordó una deuda millonaria con la Seguridad Social. Solo unos días antes de que se produjera la nueva licitación del servicio -con un incremento del contrato de hasta 16,8 millones de euros-, la sociedad mantenía una deuda de 329.000 euros con la Seguridad Social días antes de la nueva adjudicación municipal, por un importe incrementado a 16,8 millones de euros en un tope de seis años. En 2012, según documentó el exsocio del gerente único de la UTE contra el que se ha querellado por presuntos delitos societarios, de estafa, apropiación indebida y falsedad documenta la vía penal, la Tesorería General cifraba el importe pendiente en más de doble: 823.556 euros. Cada trimestre el Concello facturaba 750.000 euros.
En un plazo de cinco meses, incluso cuando ya estaba en vigor la nueva adjudicación, el exalcalde de Ourense imputado en la Pokémon, Francisco Rodríguez, dio luz verde a 23 facturas -desde un mínimo de 52.933 euros a un máximo de 420.315- a favor de la vieja UTE de ayuda a domicilio, por un importe de más de 1,5 millones de euros, y a pesar de que el interventor testigo ayer advirtió una gestión "irregular" de fondos públicos.
