La secretaria de organización del PSOE, María Quintas, y el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, anuncian que demandarán por injurias al secretario provincial del Partido Popular y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, después de que afirmara en una rueda de prensa que la primera había sido militante del PP en 1989, y que "todavía no se había dado de baja", y que la mujer del segundo fue trabajadora de la residencia de la tercera edad de Carballeda de Avia, donde gobierna el socialista Luis Milia, como ejemplo de enchufismo, con la intención de demostrar que los socialistas utilizan prácticas similares a las que le atribuyen al expresidente de la Diputación, José Luis Baltar.

"No soy militante del PP ni lo he sido nunca; ni yo ni nadie de mi familia entró nunca en una sede del PP", desmiente con contundencia la secretaria de organización del PSOE. Y advierte que "nunca he solicitado la afiliación ni he pagado una cuota ni recibí información o documentación del PP". Por lo que explica que recurrirá a la justicia para que Rosendo Fernández demuestre con documentos las afirmaciones que ha realizado. Y sostiene que en el caso de que pueda mostrarlos "serán falsos, porque no pueden existir".

María Quintas aclara que dirigirá su demanda contra el PP, "no contra el empleado del señor Baltar".

Ignacio Gómez también desmintió las declaraciones realizadas por Rosendo Fernández sobre su pareja, asegurando que "son mentira". Y explica que "nunca ha trabajado en una residencia de Carballeda de Avia", por lo que supone que su pareja sentimental "será la que tramite la demanda".

Ignacio Gómez sostiene que el PP "siempre juega a lo mismo" y lamenta que "por desgracia" su mujer sea "una de tantas y tantas paradas que está en casa, cuidando de mi familia", por lo que "tendrán que demostrar las afirmaciones que realizan en el juzgado", salvo que antes realicen una rectificación pública.

María Quintas señala que el PP ha comparecido para "poner un ventilador", con el fin de desviar la atención sobre lo que está pasando. "Han empleado dinero público para pagar favores. Durante veinte años Baltar y su hijo, que ha heredado la Diputación, y miembros destacados del PP tienen sueldos de 50.000 y 60.000 euros", mientras los ciudadanos se encuentran en problemas de tipo económico.

El secretario provincial del PSOE, Raúl Fernández, contempla como "una cobardía" que el actual presidente de la Diputación no compareciera en la rueda de prensa para explicar el proceso de contratación de la institución provincial, una vez que está siendo puesto en cuestión por un juzgado.

Por otra parte, el grupo socialista pide a los jefes de servicio de la Diputación que van a ser llamados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense que "colaboren con la justicia", porque de lo contrario pueden resultar "gravemente perjudicados". Advierten de que perderán el empleo y sueldo durante siete o diez años, en el caso de que resulten condenados, en cambio Baltar está jubilado.