Con toda probabilidad, el presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, ganaría holgura en su jornada diaria, con menos papeleo y resoluciones por acometer, si el Gobierno hace vale su poder parlamentario para convalidar la ley de tasas judiciales, un sistema generalizado de pagos para poder tramitar un proceso cuyo coste se encarecerá de forma notable en la presentación de recursos. Hasta 800 euros por apelar una primera sentencia civil y contenciosa -algo tan probable como un divorcio- y un total de 500 euros para recurrir un fallo de lo Social, como es el caso de una demanda salarial por mensualidades atrasadas o un fallo adverso por despido.

La implantación del copago -al que se añadirían los honorarios de procurador y abogado- podría reducir entre un 15 y un 20% el número de asuntos actuales (45.000 en todas las instancias y jurisdicciones), según cálculos que baraja el Colegio de Abogados de Ourense, muy combativo contra el proyecto.

Fernando Alañón rechaza de plano un modelo que aligeraría los más de 600 procedimientos en vía de recurso que llegaron a su mesa en 2010 -último año con estadísticas completas- como uno de los tres magistrados que integran la sección civil de la Audiencia, la última sede provincial para apelaciones de esa índole. La máxima autoridad judicial de Ourense considera la implantación de las tasas, tal y como las ha diseñado el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, como una "discriminación injustificada". Nada ampara, en su opinión, el establecimiento de costes tan altos. "Las tasas limitarán injustificadamente el acceso a la justicia. Y aquí no se trata de sacar papel, como coloquialmente se dice, sino de que la justicia y la tutela efectiva sean accesibles y estén al alcance del ciudadano".

El nuevo sistema propiciará perversiones en las que, según denuncian los abogados, será más caro plantear un proceso de reclamación de una deuda que la cantidad que se pretende recuperar. A todos los importes habría que añadir un 0,5% de la cuantía del pleito en concepto de "importe variable".

Alañón, que apoya "plenamente" a los letrados en su intención de llevar hasta la movilización el rechazo a las tasas, propone medidas alternativas al discutido proyecto para impedir que asuntos sin trascendencia resten tiempo en los juzgados a otros de mayor enjundia. El magistrado se muestra más favorable a la imposición de multas a las partes que sostengan en el tiempo un litigio sin fundamento. "A mi modo de ver hay otras medidas para paliar el acceso injustificado a la justicia como podría ser la posibilidad de imponer multas a quien sostenga pretensiones injustificadas, o que asuma los gastos que se causan al estado con una pretensión totalmente injustificada en algunos asuntos", reflexiona el presidente.