Si el PP gobierna después de las elecciones del 20-N, y Mariano Rajoy es el nuevo presidente, se podría estudiar el soterramiento de las vías en la integración del AVE en la ciudad, y que descartó el Ministerio de Fomento y el Concello de Ourense. Así lo indicó el diputado popular, Celso Delgado, durante el balance que realizó de la legislatura que finalizó, tanto en el Congreso como en el Senado.

A este respeto, también denunció, durante la comparecencia, en la que estuvo acompañado por la diputada Ana Belén Vázquez, y los tres senadores populares, Carmen Leyte, Miguel Pérez de Juan e Isaac Vila, el "desprecio" del gobierno socialista, y en concreto del ministro de Fomento, José Blanco, a los ourensanos, ya que están sin contestar las alegaciones que presentaron al proyecto de integración que de forma "unilateral" aprobaron Ministerio, Concello, ADIF y Renfe.

Y subrayó que entre Taboadela y la capital ourensana "no hay ningún proyecto aprobado" relacionada con esa trama urbana, e insistir que la apuesta de los populares, como así lo solicitaron, junto con diferentes colectivos de Ourense, es estudiar el soterramiento de 5,5 kilómetros, propuesta a la que también se sumó la Xunta.

Delgado apuntaló su apuesta por el soterramiento esgrimiendo lo que se hace en otras ciudades, y que supone un "agravio" . Es el caso de Valladolid, a la que llega el AVE desde 2007 y en superficie, mientras se están ejecutando obras, en diferentes etapas, para el soterramiento de las vías, en torno a 7 kilómetros, por lo que no entiende el "rechazo" a que eso mismo se pueda realizar en la ciudad ourensana.

Lo que también tienen claro los diputados y senadores ourensanos es que resulta "inviable" que se pueda cumplir el compromiso de José Blanco, relativo a que la alta velocidad llegará a Galicia en 2015, debido a los "importantes retrasos" que tiene el tramo Lubián-Ourense.

De ahí que el diputado Celso Delgado coincida con les estimaciones de la Xunta, ya que siendo "de lo más optimistas", se podrían cumplir el objetivo en el primer semestre de 2018, con casi 10 años de retraso sobre la primera previsión de Rodríguez Zapatero, que la fijó para el año 2009.