El Concello de Ourense se vio obligado a entablar complejos procesos legales, ir a expropiación y pagar los precios exigidos, para recuperar bienes y fincas que eran de su propiedad, como las del futuro edificio judicial en O Couto, o las de la zona verde de Recanto da Rosa, en el barrio de A Cuña, pero que no constaban en ningún registro de bienes municipales.

El gobierno local va a tratar de paliar esta laguna legal que provoca continuos retrasos y litigios de particulares que reclaman la titularidad de fincas o bienes que son en realidad propiedad del ayuntamiento, con la puesta en marcha del Inventario Municipal de Bienes y Derechos y el Inventario del Patrimonio Separado Municipal del Suelo del Concello de Ourense.

Según la concejal de urbanismo Áurea Soto, todos los grandes ayuntamientos trabajan a diario con un inventario de este tipo "pero en en el Concello Ourense el último que se hizo era de 1961, y desde entonces no se fue actualizando mediante la incorporación de las altas y bajas correspondientes. Altas como las de los terrenos de cesión que deben de entregar al ayuntamiento las constructoras tras ejecutar una urbanización de viviendas.

Ese fue el problema que ocurrió por ejemplo en O Couto con los terrenos del futuro palacio de justicia. "Esos terrenos eran desde hace décadas suelo de cesión al Concello, que dejaron los promotores de las urbanizaciones de la zona, pero como ese tipo de documentación durante años no se inventarió, se incorporó a esas pilas de carpetas que era habitual ver antes en los departamentos municipales, los propietarios de las casas volvían a reclamar la titularidad de ese suelo", explica Áurea Soto.

La aprobación de estos inventarios municipales supondrá la creación de un equipo de funcionarios "que se dedicará a controlar el programa de altas y bajas del patrimonio municipal, que incluye ya fichas de cada propiedad a las que se incorporan sus documentos anexos".

Cualquier servicio municipal podrá controlar mediante clave este inventario, pero sólo podrán modificar sus altas y bajas personas autorizadas por el concello. "Tal vez al igual que ocurre con el catastro, estas fichas no valgan como prueba judicial pero si sirven como pruebas de una propiedad y hubieran evitado mucho tiempo y dinero al concello", advierte Aurea Soto.