Las expectativas en torno a la nueva estación depuradora de Ourense, en el limbo mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no resuelva un pleito vecinal por su proximidad al núcleo de Reza, se traducen en cifras de enjundia: la instalación tratará 60 millones de litros cada día, se diseña según una población de 155.000 habitantes y sería funcional, además, hasta alcanzar las previsiones de 180.000 ciudadanos para 2035.
La instalación nacerá a 100 metros en línea recta de la primera vivienda y a 250 metros de la planta actual, ilegalizada por el alto tribunal gallego en 2003 y acuciada por una capacidad de tratamiento y diseño que resultan obsoletos 15 años después de su inauguración.
La nueva depuradora, que a diferencia de la actual se sitúa por encima de la cota inundable por grandes crecidas, requiere una inversión de 79 millones de euros. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil recurrirá a Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y entablará, en las próximas semanas, negociaciones con la Xunta de Galicia en busca de cofinanciación.
Ocupará 60.000 metros cuadrados en una una franja de terreno ubicada entre la carretera OU-402 y el Miño, aguas abajo, hasta el parque de Outariz. El emplazamiento es la opción más ventajosa entre un total de 12 alternativas que evaluó una consultora externa. Dotada de tecnología completa, incluirá un sistema de control y tratamiento de olores. Las obras, sobre las que aún penderá la decisión judicial, podrían comenzar a finales de año. De momento, la agenda inmediata prevé la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, más la exposición pública del anteproyecto.
