La Diputación de Ourense pide al Gobierno central, según acordó ayer por unanimidad en un pleno, que no autorice la construcción de 44 nuevas centrales hidroeléctricas en los ríos Miño y Sil que se encuentran en tramitación, alegando que los cauces fluviales referidos se encuentran "colapsados". El diputado del BNG, Alfonso Grande, resaltó en la sesión que las dos cuencas acumulan en la actualidad 77 embalses -de los que 42 son de grandes dimensiones-, a los que hay que sumar "veinte concesiones en firme", que ya han concluido el período de tramitación, y 44 nuevas solicitudes, según datos de diciembre de 2007, que la institución provincial ourensana pretende paralizar.
Para mayor agravante, Grande sostiene que la sobre explotación a la que están sometidos los dos cauces fluviales, "apenas repercute sobre la zona", pero además las empresas tienen su sede social en Madrid, por lo que "no contribuyen a equilibrar la balanza de la provincia de Ourense y del conjunto de Galicia a las arcas del Estado", por lo que aparecen como áreas de escasa contribución.
La primera prioridad la constituye la paralización de las centrales de San Estevo, Santa Cristina y Navia de Suarna, que son los proyectos que se encuentran más avanzados y que representarían mayor impacto ambiental, según resalta Alfonso Grande.
El diputado del BNG logró el apoyo del PP y del PSOE para instar al Gobierno a que paralice las gestiones, al alertar de que cuando se construyan 160 centrales en el Miño y en el Sil, de las que 141 se encuentran operativas o en tramitación, "poco importa que haya más concesiones, porque la verdad es que ya no sé dónde se podrán meter".
Alfonso Grande resaltó que en el ámbito de las cuencas y de los embalses que gestiona la Comunidad Autónoma de Galicia existe un acuerdo de paralización y no se concede ni se tramita ninguna nueva explotación ni ninguna de las que se encuentran en curso, mientras que en el ámbito del Estado "continúan avanzando los trámites".
El portavoz del grupo de gobierno, Rogelio Martínez, explicó que el PP apoya la medida, al coincidir con un acuerdo adoptado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, por lo que, en coincidencia con el grupo socialista, pidió al BNG que dirigiese su petición al Gobierno central, en lugar de remitírselo a la Xunta, para que ésta se lo trasladara al Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero, cambio para el que lograron el consenso.
El portavoz del PSOE, Alfredo García, recordó que parte de la cuenca del río Sil se encuentra en otra comunidad autónoma, por lo que mantiene dudas sobre que la Xunta pueda gestionar la totalidad de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, "salvo que se vuelva a reivindicar la creación de la quinta provincia gallega, O Bierzo-Valdeorras.
Grande considera que la gestión de la cuenca hidrográfica Miño-Sil, por parte de la Xunta, "es la oportunidad para el cambio total del concepto que se está aplicando y para poner una racionalización en este sistema demencial existente", que podría llevar a la acumulación de 160 centrales en dos ríos.
El BNG sostiene que Galicia "tiene las cuencas del Miño y del Sil destrozadas", sin la percepción de ningún tipo de beneficios como contraprestación.
