Cristóbal Fernández regresó ayer a media mañana a la explanada de Ojea para firmar la recepción de la segunda nave que estuvo durante varias décadas en régimen de concesión, en este caso a las hermanas Solla. El edificio, también conocido como la "nave de Córdoba", por el apellido de la familia, está construido en piedra y su estado es, aunque no idóneo, "si moito mellor" que la de Olegario, recalcó el jefe provincial de Costas, que ve bastante más viable aprovechar estas instalaciones para cualquier uso que se decida de forma consensuada, o bien como vestigio del patrimonio industrial de Cangas, en vez de salvar las que tienen un proyecto de demolición.

Con esta medida, que se traduce en el precinto de las puertas de la nave –aunque queda una expedita para que sus exconcesionarios puedan retirar los útiles que aún alberga– se pone fin al procedimiento administrativo, como consecuencia de la sentencia judicial que avala su reversión al Estado. Quedan aún pendientes de este trámite las naves de Graña Acuña y de las conserveras Iglesias y Lago Paganini, aún con actividad y a las que se les ha prorrogado la concesión hasta el año 2018. En esa fecha deberán tener unas instalaciones alternativas adonde trasladarse y poder continuar su trabajo, que emplea a decenas de personas, la mayoría, mujeres.

El jefe provincial de Costas reafirma la obligatoriedad de respetar la Ley de Costas, que debe regir cualquier actuación en esa zona. "Os que falan de tantas propostas, que collan a lei na man e digan que se pode facer e tamén quen o paga, como se financia", reclama. Entre las propuestas que se barajaron para ese ámbito figuran un estudio del arquitecto César Portela para destinar las naves a fines sociales y museísticos, que a Cristóbal Fernández no le parecen "moi compatibles co dominio público", además de resultar muy costosa. Tampoco muestra mucha simpatía por la solicitud de albergar un museo de la Semana Santa, por iguales motivos, aunque reitera que la decisión de tomará "máis adiante", con toda la información.