El grupo municipal del PSOE de Lalín propone al gobierno local que exija a las empresas de telefonía móvil el tributo del 1,5 por ciento de la facturación de las firmas que operen en el término municipal. El secretario de comunicación, Nicolás González Casares, indica que esta propuesta ya se aplica en otros ayuntamientos españoles, principalmente en Cataluña y Madrid, "e que próximamente incluirá Pontevedra". En este sentido, recuerda que las empresas de telefonía fija ya están abonando el citado impuesto.

Los socialistas explican que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), propone a los ayuntamientos dos formas de calcular la fórmula fiscal. "Una delas parte dos ingresos totais das operadoras de telefonía móbil e do total de clientes, divídese e obtense o ingreso medio por cliente, que se multiplica polo número de clientes con domicilio no correspondente concello", exponen. Una vez que el concello dispone de esa cantidad, debe aplicarle el 1,5 por ciento, que es la cantidad que deben tributar a las arcas municipales. El PSOE también cree que esta medida podría ser empleada por la administración local como herramienta de presión para que las firmas se comprometan a mejorar sus infraestructuras en las zonas en las que hay baja cobertura y proponen que el concello podría contemplar rebajas en el pago de esta tasa, en función de las mejoras en la red que efectúen las empresas. "Estrañámonos que o alcalde non tomara esta iniciativa sendo presidente da Fegamp, pois este gravame é unha recomendación da Femp dende hai xa tempo", advierten. "Polo que parece o señor Crespo anda despistado deixando escapar novas posibilidades de financiamento que, ademais repercuten en grandes corporacións e non nos lalinenses de a pé", concluyen.

Cajeros automáticos

Los socialistas revelan otra forma de financiamiento mediante la aplicación de una tasa para aquellas entidades bancarias que dispongan de cajeros que den directamente a la vía pública. Aclaran que sería un tributo similar al de las terrazas y los municipios que lo aplican establecen su cuantía en función de la categoría de la calle en la que esté instalado el terminal.

Tanto en el caso de las firmas de telefonía como en el de los bancos, el PSOE reconoce que existen pleitos entre empresas y municipios, aunque advierten que también existen fallos judiciales a favor de su aplicación en Cataluña y en Madrid.