Los plenos de Lalín representan en ocasiones una secuencia muy semejante y los objetivos de unos y otros son más acusados a medida que se agota el mandato. El PP hace valer la minoría numérica del cuatripartito para forzarlo a apoyar sus iniciativas y al menos cada cuatro semanas denuncia la nula capacidad inversora de la Diputación provincial en el municipio. Ayer no fue una excepción. Los populares obtuvieron el respaldo de toda la corporación a su iniciativa de conminar a la institución provincial a financiar un gran área deportiva cerca del multiusos.

El edil del PP José Antonio Varela fue el encargado de defender un proyecto que, recordó, era una propuesta de su grupo en su etapa de gobierno, también recogida en esencia en el pacto del cuatripartito. Por enésima vez los populares culparon a la institución presidida por Carmela Silva de olvidarse de los municipios medianos y liberar millonarias sumas de dinero, vía convenios, para Vigo y Pontevedra. Varela puso como ejemplo un acuerdo de 5,5 millones para la ciudad olívica para infraestructuras deportivas. La mano alzada de los 21 ediles en el pleno de ayer -a la espera de ver el resultado de algo que no va más allá de una declaración de intenciones como es un acuerdo plenario- faculta al alcalde, Rafael Cuíña, para negociar con la Diputación un convenio con financiación suficiente para la construcción de un campo de fútbol, que podía servir para la práctica de otros deportes, una pista de atletismo y un área de ciclismo.

El concejal de Deportes Nicolás González Casares coincidió con Varela en la necesidad de al menos un campo de hierba sintética, debido a la saturación del Cortizo, pero advirtió de que desarrollar este gran área cerca del Arena entraña una dificultades. En primer lugar dijo que los terrenos están vinculados el SUE-10, que permanece sin desarrollar, y a continuación explicó que la consecución los predios tendría un valor estimado entre 400.000 y 500.000 euros. El portavoz del PP, José Crespo, planteó alternativas como convenios urbanísticos o expropiaciones para la obtención del suelo. A la espera de ver el resultado de este acuerdo unánime, el gobierno sí aseguró que habrá mejoras en el campo de fútbol de Vilatuxe y el edil Miguel Medela culpó al PP de no haber dejado margen para ampliar campos en el Cortizo con la construcción del centro social de Donramiro. Cuíña quiso salir al paso de las acusaciones del PP de silencio ante la nulas inversiones de la Diputación y dijo que así lo había expresado públicamente y también a su presidenta. "Creo que la Diputación sí debe cooperar", declaró, en alusión al equipamiento deportivo. "Me parece bien que dejen lucir palmito a Carmela Silva, pero exíjanle también que dé trigo", dijo Crespo.

La institución provincial fue objeto de las críticas del PP, luego secundadas por el gobierno, tras el reciente anuncio de aplicar una tasa a los visitantes del laboratorio del centro castreño del Pazo de Liñares. Crespo indicó que la propuesta saldría adelante ayer mismo en el pleno provincial y cuestionó que la Diputación pretendiese cobrar por la utilización de unas instalaciones científicas que, si bien son de su propiedad, están asentadas dentro de un edificio municipal, además de citar que el proyecto de la cultura arqueológica fue financiado en su momento con fondos europeos. Como alternativa, aunque siempre defendiendo que las tasas fuesen anuladas, propuso la exención del pago a los dezanos y mostró sus dudas acerca de la legalidad de que la Diputación pudiese fijar un precio público para unas instalaciones asentadas dentro de un inmueble local. "El Concello debe oponerse a que se cobre", dijo, y reprochó al gobierno que si fue consultado por el ejecutivo provincial no dijese nada y, en caso contrario, a su juicio todavía sería peor porque demostraría que el cuatripartito no cuenta en las decisiones provinciales.

"Estamos atados por un convenio", respondió el edil de Turismo, Francisco Vilariño, en alusión a un acuerdo anterior que permite a la Diputación gestionar unas dependencias de Liñares, al tiempo que anunció que el gobierno presentará alegaciones a la aprobación de la ordenanza. Aseguró que el ejecutivo local sí era conocedor de la decisión de la institución pontevedresa, que desautoriza, dijo, porque no va a suponer un beneficio económico relevante y sí ejercer, como reparó Crespo, como efecto disuasorio para los visitantes.