La CIG inicia hoy a las 13.00 horas una campaña dirigida a las familias con niños en el colegio Sagrado Corazón para informales del despido de Ángeles Rodríguez, la maestra especialista en Audición y Lenguaje que trabaja en el centro desde diciembre de 2015. De forma paralela, aprovechará un encuentro del conselleiro Román Rodríguez con representantes de enseñanza concertada para solicitar, por escrito, su mediación, ya que este colegio lalinense tiene delegada en la Consellería de Educación el pago de sus docentes.
El sindicalista Xosé Nogueira, junto a sus compañeros Miro Sieiro y Luz Fernández, así como a la propia maestra, explicó que la docente tiene un contrato de nueve horas semanales, por un sueldo de menos de 600 euros al mes. En enero cumplirá los 65 años, pero la normativa apunta que la jubilación debe producirse a los 65 años y seis meses, de modo que se esperaba su continuidad en el centro hasta el remate de este curso escolar. Ángeles Rodríguez, Geli, sí tuvo copia de los contratos anteriores, pero no del de este curso, a pesar de solicitarlo en varias ocasiones. Solo accedió a él tras pedirlo en una gestoría en Ourense, tal y como indica la afectada, y fue entonces cuando descubrió que este contrato, en realidad, era una prórroga del anterior y que remata mañana, 6 de diciembre. Apunta que no firmó dicha prórroga, sino un papel que desde el centro era necesario para el contrato. Y apunta que "me obligaron a firmar el finiquito, fue una situación muy violenta", a la que se añade, según la CIG, que la única explicación que se da a la docente es que había "una compañera, familiar de un socio de la empresa, que quiere empezar de maestra en el centro, y comprenderás que tiene prioridad ante ti, por ser familiar".
Para la CIG, la decisión de prescindir de esta docente se basa en "una venganza". En marzo del curso pasado, la profesora cayó en las escaleras del centro. Todavía le quedan secuelas del percance y tuvo que ser hospitalizada. A raíz del accidente laboral, tuvo que comprarse unas gafas nuevas, y en varias ocasiones el centro, según el sindicato, se negó a abonar los 300 euros de los lentes alegando que ya había corrido con los gastos de hospitalización. Nogueira relata que el pasado 20 de octubre el centro decide pagarle las gafas, aunque añade que reclamará esa cuantía al seguro. Curiosamente, cuatro días después registra en el Instituto Nacional de la Seguridad Social no el contrato de la docente, sino esa prórroga que expira mañana. El 6 de noviembre es cuando se le comunica a la trabajadora que su relación laboral acaba justo un mes después. Es más, en ese finiquito "ni siquiera se recoge el abono de ninguna indemnización".
La trabajadora se encuentra ahora mismo de baja. A pesar de que había un acuerdo para mantenerla en el servicio activo hasta fin de curso, "la empresa se descuelga aludiendo que tendría que hacerla indefinida, y eso impediría la contratación de la familiar, que todo apunta a que entrará en la empresa poniendo capital", señalan los representantes de la Confederación Intersindical Galega, quienes, además, apuntan que este despido no responde ni a ningún ahorro económico ni a una adecuación del personal a las necesidades del centro.
Críticas al FSIF
En el comité de empresa hay cinco representantes sindicales: uno de la CIG y los cuatro restantes de la organización FSIF. Nogueira y sus compañeros ponen en entredicho la postura de este sindicato que, pese a tener mayoría, ni siquiera se puso en contacto con la docente afectada.
Al margen de la campaña informativa de hoy y de la carta al titular de Educación, la CIG promoverá una campaña de recogida de firmas para que se reincorpore a la docente a la plantilla. El próximo miércoles, día 13, organizará una movilización ante las puertas del centro educativo, para entregar las firmas de apoyo. Apunta que la empresa cometió "varias irregularidades jurídicas" y que, si no reconsidera su decisión, la CIG recurrirá a la vía judicial.
