La concejala de Medio Ambiente de Lalín, Celia Alonso, lamentó ayer que el recurso presentado por la Asociación Española de Empresas y Jardines (Aseja) pueda dilatar la adjudicación del contrato para el mantenimiento de las zonas verdes, con el consiguiente perjuicio que esto supone para la administración municipal y para sus vecinos.

La concejala expone que el ejecutivo local aprobó el pasado 20 de marzo el pliego de contratación después de llevar trabajando en su elaboración desde el mes de noviembre del año pasado y una vez que se dispuso de todos los informes técnicos favorables. Entre ellos se encontraban los pertinentes informes económicos, tanto del departamento municipal de Intervención, como del Servizo de Asistencia Intermunicipal (SAIM) de la Diputación provincial. En estos informes se ratificaba que el precio de licitación se ajustaba "escrupulosamente" a la legalidad y a las cláusulas técnicas del contrato.

Precio muy bajo

Pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acaba de comunicar al Concello la paralización provisional del procedimiento mientras no se resuelva el recurso de Aseja, que considera el precio demasiado bajo. Alonso dice que le resulta cuando menos irónico "que las mismas grandes empresas que propiciaron la bajada de precios en los últimos años se quejen ahora de una situación de las que ellas son las únicas culpables". Asegura que el Concello estaba limitado por ley a la hora de incrementar el precio de adjudicación, ya que debe ceñirse al precio de la anterior contratación y que la normativa indica que para el cálculo del valor estimado del contrato se tomará como base el valor real de los contratos "sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos". Esa cantidad solo se puede ajustar, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previsto para los doce meses posteriores al contrato inicial. Así, la concejala explica que este servicio fue licitado en el período 2016-2017 por un importe de 117.272 euros y adjudicado en cerca de 95.000. Tomando como base estas cifras y las ampliaciones que se contemplan en el actual pliego, la licitación fue calculada en 127.212 euros; es decir, 30.000 más.

La concejala asegura que la resolución será favorable a los intereses del ayuntamiento, pero reconoce que esta situación excepcional podrá retrasar hasta mediados de junio el contrato, es decir, de manera posterior a la finalización de la concesión actual.