Los bomberos insisten en que su propuesta de funcionarización -elaborada por un abogado de CC OO- no supone un incremento presupuestario. Al contrario, estiman que conllevaría incluso un ahorro de 29.000 euros anuales al eliminar las cotizaciones al desempleo propias del personal laboral. "Genera frustración ver que se hacen propuestas viables y sin ningún tipo de coste y ni siquiera tenemos respuesta", se quejan estos trabajadores, que, con sus 1.642 horas anuales, están equiparados a los funcionarios. Acudieron al pleno con esperanza de fijar fechas o márgenes de tiempo para abrir una negociación. Pero la única respuesta fue que mientras no se tomase una decisión respecto al Consorcio Provincial -concesión privada por cuatro años- no se adoptaría ninguna medida. Esto supondría esperar, al menos, otros cuatro años.
"La Diputación tiene la posibilidad de empezar a negociar, como está haciendo la de A Coruña", apunta Uclés, pues la Xunta dice que "es solidaria" y que, "con tal de que no les cueste más, están dispuestos a afrontar la transformación". Desde la plataforma brindan asesoramiento legal a la plantilla de Silleda, pero no descartan presentar denuncia vía judicial si no continúa el inmovilismo de las administraciones. Tampoco se han planteado movilizaciones. Entienden que es un problema de voluntad política.
Jurisprudencia y desidia
No sería la primera vez que la plataforma acude con éxito a la justicia. Lo hizo en junio de 2016 contra la contratación de agentes de extinción de incendios en Narón y, aunque su recurso fue desestimado en primera instancia, la sentencia final reconoce que el servicio de salvamento y extinción de incendios tiene que ser prestado por funcionarios de carrera, y que el personal laboral es "solo para casos excepcionales". Entienden que es un precedente que sienta jurisprudencia y, en cualquier caso, consideran "preocupante" tener que estar con esto por "desidia política", puesto que "la legislación es muy clara".
