Los 16 comuneros del monte de Sanguiñedo, en Dozón, están a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la demanda que interpusieron contra Fomento por los daños y prejuicios que les causó la expropiación, durante ocho años, de 42 hectáreas que enajenó el Adif para construir el Tren de Alta Velocidad (TAV) y que finalmente no llegó a utilizar.
Los hechos se remontan a 2003, cuando este ente expropia 53 hectáreas de este monte (que tiene, en total, 270), pero finalmente solo usa 11,1. El precio acordado al inicio de la expropiación era de 3,2 millones de euros, pero al usar solo 111.000 metros cuadrados, Adif se niega a pagar esa cantidad. Los comuneros interponen una demanda y consiguen que la Audiencia Nacional dicte una sentencia, pero más a favor de Adif que de los dueños de esa tierra: condena al ente a abonar 533.000 euros. Adif ingresa sólo 380.000.
El fallo judicial recomienda a los comuneros que presenten una demandan por daños y prejuicios. El presidente de los comuneros, Juan Ramón Varela, explica que para ello se contrataron unos peritos que calcularon que en esos ocho años de ocupación se produjeron unas pérdidas de 480.000 euros. "A Fomento se le dio un plazo de dos años para responder, y no se nos comunicó nada. Así que presentamos otra demanda por silencio administrativo". El juicio se celebró hace unas tres semanas.
Tras ocho años de abandono, esas 42 hectáreas se llenaron de maleza. Ahora queda ponerlas a punto para plantaciones o, puede ser, zona de pastoreo para vacas cachenas o caballos. Los comuneros de Sanguiñedo reciben ayudas de la Xunta para la limpieza de 50 hectáreas, por importe de 80.000 euros. Los gastos ascendieron a 93.000.
