No es la primera vez y quizá tampoco la última que gobierno y oposición de Lalín sumen fuerzas para reivindicar el derecho de los vecinos a usar la autopista de pago que une la comarca con la capital de Galicia en unas condiciones asumibles para sus economías, tanto para las familiares como para las empresas que tienen en la AP-53 una infraestructura que debería optimizar su competitividad. Si el año pasado, también por unanimidad, se aprobaba una moción en la que se pedía a Fomento que transfiriese la vía de alta capacidad a la Xunta para propiciar peajes blandos, en el pleno de ayer se fue más allá al incluir en una segunda propuesta más ambiciosa la supresión total del peaje.

El asunto, por manido, no tiene una trascendencia menor. La AP-53, que se puso en marcha en su primer tramo en 2002, incrementó sus precios en más de un 70% con el consentimiento político de los sucesivos gobiernos de Madrid. Mientras el PP defendió esta propuesta por entender que se trata de una reivindicación, además de justa, histórica, el gobierno pidió a los populares que hiciesen valer sus siglas para que una vez que este asunto llegase al Congreso o al Senado, no fuese frenado como pasó en otras ocasiones. El edil de Obras, Francisco Vilariño, fue el encargado de defender la iniciativa del gobierno y, además de citar una cronología sobre la puesta en marcha de la vía y el alza constante de sus precios, recordó que en su momento la Xunta financió la obra con 60 millones de euros a fondo perdido. Además de que "debe ser una de las pocas autopistas" en las que no existen descuentos, por ejemplo, para usuarios habituales. Y conminó al senador y portavoz del grupo municipal del PP, José Crespo, a que se tomase este asunto como propio e hiciese valer su posición ante el ministerio.

Crespo, apelando a la cautela, aseguró que como presidente de la comisión de Fomento en la Cámara Alta tendrá muy presente la problemática de la AP-53. Como conocedor del proceso constructivo de la vía, dijo que, entonces, la Xunta aportó 60 millones a fondo perdido mientras que el Estado habilitó la misma cuantía, pero a reintegrar más intereses en 25 años. Este es el principal escollo para el traspaso de la autopista a la Xunta: Fomento no quiere renunciar una cuantía que, con intereses, "podría ir hasta cien millones". "Creo que solo podremos aspirar a rebajar el peaje, porque su eliminación, si bien es una decisión política, tiene que haber un fuelle económico que no hay". Vilariño dijo que el PP no cree firmemente en este asunto e incluso invitó a este grupo a votar en contra si luego respalda estas medidas en Lalín y en el Parlamento de Galicia, pero luego en Madrid son frenadas. Durante el rebate salieron a relucir las pancartas colocadas en su momento por el anterior ejecutivo local, cuando la Xunta era gobernada por el bipartito y tanto este simbolismo como la reivindicación política se diluyó cuando en Santiago o en Madrid tenían gobiernos del PP. El alcalde, Rafael Cuiña, dijo que en su momento el ministerio popular de Fomento había mentido a la Xunta cuando, al construir la vía, aseguró que habría un peaje blando. Crespo, por su parte, admitió que, sin citar su nombre, el departamento ministerial del entonces popular Francisco Álvarez Cascos "no tuvo mucho cariño a Galicia". Y recordó que existe una posición unánime del Parlamento de Galicia sobre el traspaso de la vía a la Xunta. El edil no adscrito aprobó la moción pese a que, dijo, el Concello carece e competencias.

En materia de movilidad, también salió adelante la solicitud a la Xunta de inclusión de Lalín en el área metropolitana de transporte de Santiago. Crespo, que dijo que a día de hoy todavía es factible la propuesta, recordó que ya había sido presentada por su grupo hace un año, tiempo que tuvo el gobierno local para hacer valer su capacidad de gestión. En ese instante el edil Nicolás González Casares desveló que, además de haberse pedido a la conselleira en persona por parte de Rafael Cuiña y también por escrito, la Xunta remitió una carta el 14 de octubre pasado en la que se aludía a una reorganización del proyecto y que Lalín podría quedar enmarcado dentro de una "zona mixta" sin concretar más. Casares dijo que como trascendió ayer a través de esta Redacción, la Xunta dice que esta solicitud debe ir a una comisión en la que está la Consellería de Infraestruturas y 18 concellos del área compostelana. Pero que en todo caso es la Xunta la que tiene poder de decisión, además de avanzar que podrá haber alguna iniciativa en el parlamento gallego en caso de que se hagan oídos sordos a esta reivindicación. Casares se alteró cuando la edil del PP Paz Pérez, defendiendo la línea argumental de su grupo, dijo que se había perdido un año y que se habían "conculcado derechos" a los ciudadanos. "Será la Xunta la que los conculca, o este gobierno tiene la culpa de que no se aceptase esta demanda...", dijo. Estar en este área, en la que ya figuran A Estrada o Vila de Cruces, permite viajes con tarifas bajas o la gratuidad en os desplazamientos a los menores de 19 años. Por unanimidad salió adelante la petición del PP sobre la reposición de la línea de bus de la empresa Arriva, entre Lalín y A Coruña.