17 de noviembre de 2016
Lucha contra la criminalidad

La Agasp acerca la Justicia a la oficina que desde enero le facilitará el decomiso de bienes de delitos

-La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos comenzará a trabajar para los juzgados gallegos a principios de año - Les ayudará a localizar en España o en el extranjero bienes y dinero fruto de delitos para embargar o decomisar

17.11.2016 | 04:55
Letrados de toda Galicia, ayer en la Agasp, en la jornada sobre el decomiso y la ORGA. // Bernabé / Adrián Rei

Letrados de la Administración de Justicia de toda Galicia se aproximaron ayer en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) con sede en A Estrada a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que, desde el 1 de enero, se pondrá a su disposición para facilitarles la localización y la gestión de bienes frutos del delito así como trámites necesarios para su embargo o decomiso.

La directora de este órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, Isabel Tarazona Lafarga, fue la ponente de la primera sesión de la jornada "El decomiso y la ORGA", coordinada por el magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras. Esta iniciativa formativa -que reunió a letrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de la Audiencia Provincial de Pontevedra así como de juzgados de instrucción y de lo penal de A Coruña, Lugo, Ordes, Pontevedra, Porriño y Vigo- se impulsó al amparo del convenio marco entre la Xunta y el Estado que vuelve a convertir a la Agasp en el centro de referencia para la formación del personal de Justicia en Galicia, según declaró ayer a FARO el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, tras inaugurar la jornada.

Esta, de corte eminentemente práctico, fue una primera toma de contacto de los letrados asistentes con la ORGA. Y es que, según señaló Picatoste, "el decomiso viene y viene para quedarse" bajo la premisa de que "el delito no puede ser rentable".

Con la creación de la ORGA en octubre de 2015 y su entrada en funcionamiento pleno el 20 de febrero de 2016, el Estado trata de evitar que los frutos del delito se queden al margen y los delincuentes que los habían obtenido mediante la comisión de un delito puedan disfrutarlos cuando salgan de la cárcel, tras cumplir la pena que les haya sido impuesta. Así lo hacían notar directivas comunitarias que, según Tarazona, se situaban en la línea de la indignación social que genera que un delincuente pueda pasar 6 años en la cárcel por haber perpetrado un delito y, tras el cumplimiento de esa pena, salga de prisión y "viva de lo que ha robado". Evitarlo es la lucha que asumirán, mano a mano, Administración de Justicia y la ORGA.

Esta -que solo actúa a petición de los órganos judiciales y de la Fiscalía - ha rubricado numerosos convenios con entidades tales como la Agencia Tributaria, Catastro, Comercio Exterior, el notariado o el Ministerio del Interior para obtener información; el Museo del Prado y el Reina Sofía para que le guarden "a coste 0" las obras de arte decomisadas; la Dirección General de Bellas Artes para que le brinde asesoramiento en materia artística, por ejemplo. Asimismo, mantiene relaciones con registros públicos nacionales e internacionales o embajadas porque "los delitos son cada vez más transnacionales" y la cooperación internacional es clave para recuperar los bienes y el dinero fruto de delitos. Cuenta con el apoyo de un magistrado y entre los 17 efectivos de la oficina hay dos guardias civiles y dos policías judiciales en los que recae la tarea de relacionarse con la policía judicial cuando es necesario para localizar bienes fruto de un delito, como bienes inmuebles, barcos, aviones, coches, joyas, obras de arte, grandes cantidades de ropa, móviles, ordenadores y hasta animales como caballos de raza o incluso ya se ha dado el caso de gallos de pelea.

Además de localizar estos bienes, también se encargará de impulsar una gestión lo más eficiente posible de los mismos. Y es que hasta ahora se daba la paradoja de que bienes decomisados iban depreciándose hasta no valer nada o le costaban dinero a las arcas del Estado, que tenía que pagar para tenerlos en depósito (en el caso de vehículos) o para alimentarlos (en el caso de animales, por ejemplo). Se ha llegado a la conclusión de que es mejor transformarlos en dinero y dejar ese importe depositado en una cuenta hasta el final del procedimiento judicial para evitar que al final no valgan nada. De este modo, se pretende asegurar que las víctimas cobren la responsabilida civil, que se abonen las costas y que de lo que sobre, el 50% vaya a parar al Tesoro Público y el 50% a programas de ayuda a víctimas, programas de protección de testigos o de reinserción de menores, por ejemplo.

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