El Partido Popular de Lalín acaba de presentar sendos escritos en los que solicita, de nuevo, el acceso al documento que autoriza el uso de las cámaras de seguridad del consistorio. Asimismo, demanda la elaboración con la mayor brevedad posible de un informe sobre usuarios, accesos al sistema de videovigilancia y en la que se expone también la normativa y las declaraciones y posibles implicaciones de los hechos confesados por el alcalde, Rafael Cuiña.

Los populares dieron a conocer ayer que el ejecutivo local le negó a sus ediles José Crespo y Antonio Rodríguez, mediante un decreto de la Alcaldía, el acceso y la obtención de copia de la documentación solicitada -el protocolo de usos de las cámaras- una vez que la petición debió ir dirigida a la Alcaldía y ésta decidir a qué departamento le correspondía su resolución. Así, se entendería que la reclamación fue remitida al departamento de Secretaría Xeral. Por ello, en el decreto firmado ayer día 24 se solicita al PP que aclare "a qué se refieren con autorización de uso de las cámaras y el expediente en concreto a examinar y obtener copia". La respuesta de la presidencia del ayuntamiento no convence a los populares que, por ello, tildan esta decisión de "maniobra de la coalición de perdedores para dilatar en el tiempo la entrega de esa documentación, que clarificará quiénes son la persona o personas que pueden acceder a lo registrado por dichos elementos de seguridad".

El PP pide asimismo que se identifique al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de las cámaras y persona o personas autorizadas para tener acceso a estros mecanismos audiovisuales. También, un informe en el que se indique los accesos que hubo a las grabaciones de las cámaras exteriores del consistorio entre las 11.00 horas del 15 de octubre y las 14.00 horas del día 17; concretamente por qué personas y las direcciones IP de los ordenadores a través de los que se hicieron dichos accesos o visionados y desde qué oficinas.