La Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, remitió al Concello a comienzos de este mes un requerimiento en el que le da un plazo de tres meses para que convierta casi de inmediato en indefinidos 38 contratos temporales. La decisión llegó a los despachos municipales a finales de julio.

De este modo, el 31 de octubre y el 30 de septiembre, respectivamente, han de estar todos los empleados regularizados, si no se aplicará una sanción a ambas entidades. La decisión de la Inspección Provincial estima así la denuncia que interpuso en febrero el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) -muy cuestionado por el gobierno local- por este paquete de empleos en fraude de ley, desde hace años una situación que, por lo demás se dio también en otros municipios de la provincia, lo que motivó que se interpusiesen varias denuncias en los últimos seis meses.

Nada más conocer, entonces, este asunto el alcalde, Rafael Cuiña insistió en que había un acuerdo "oral, tácito" para resolver una situación que, por otro lado, viene heredada de los anteriores mandatos del PP. Los contratos más antiguos datan de 1999 bajo la forma de interinidad o contratos por obra. Todos presentan diversas prórrogas. Días después el alcalde cifró en hasta 100.000 euros el coste de la regularización de los contratos, proceso que afectará a las cuentas municipales del próximo año.