Lalín estudia bajar el IBI a las granjas y Silleda concreta una bonificación del 95%

Los dos alcaldes se reunirán el lunes con Unións Agrarias, tras un primer encuentro de Rafael Cuiña con Román Santalla -El descuento en Trasdeza incluye naves, galpones o invernaderos

05.03.2016 | 04:28
Rafael Cuiña se reunió ayer con Román Santalla en el consistorio lalinense. // Bernabé/Luismy

Los concellos de Lalín y Silleda plantean una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a instalaciones ganaderas sobre el tipo que se aplicará a unas construcciones que hasta ahora estaban exentas de tributar. El gobierno trasdezano ya ha concretado su medida, que pasa por aplicar una bonificación del 95% al pago de la contribución por granjas, estabulaciones, naves, galpones o invernaderos. Estas construcciones estaba exentas, una vez que en solamente tributaban las fincas y no los bienes de uso ganadero.

La medida del gobierno de Manuel Cuiña llega como respuesta a la resolución de la Dirección General de Catastro, que establece este año como límite para llevar a cabo la actualización. Además de registrar las fincas del rural -ya deberían estar dadas de alta- la normativa establece que hay que incluir propiedades construidas en zonas rurales, catalogadas como almacenes o viviendas. A consecuencia de ello, indica el gobierno local, las instalaciones agrarias están obligadas a pagar el IBI. El Concello, acogiéndose a la normativa que permite las bonificaciones potestativas, aprobará en pleno aplicar el descuento máximo permitido del 95% para inmuebles en los que existan actividades agrícolas o ganaderas El mandatario hace hincapié en que añadir más carga fiscal a un sector en crisis y significativo en la economía local "sería abocarlo a la ruina".

De este asunto conversaron ayer por la mañana el mandatario lalinense, Rafael Cuiña, y el responsable comarcal de Unións Agrarias, Román Santalla. El munícipe mostró su "preocupación" por un procedimiento que puede conllevar situaciones injustas para los titulares de explotaciones ganaderas, cuya actividad económica depende del trabajo en el campo. Cuiña alega que esta regularización es impuesta por el gobierno central y que irá de la mano con los representantes del sector en la búsqueda de las posibles vías de solución. Aunque por el momento el gobierno lalinense no concretó qué medidas se tomarán, en principio todo apunta que será mediante una rebaja en los tipos -más bajos que los del IBI de los inmuebles situadas en núcleos rurales- que propondrá Catastro.

Los alcaldes de Lalín y de Silleda se reunirán el lunes con representantes de Unións Agrarias para analizar las medidas que se puedan adoptar para minimizar el impacto negativo que puede tener la regularización catastral.

Las primeras estimaciones indican que el proceso de regularización afectará a más de 4.000 granjas en Deza y Tabeirós-Montes. Estas instalaciones pasarán a tributar con la nueva normativa. Por el momento es pronto para realizar un cálculo sobre el impacto económico que supondrá para el sector.

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