El TSXG rechaza el recurso de la Xunta contra las millonarias expropiaciones del Pontiñas

Augas de Galicia deberá abonar unos 30 millones de euros por la ocupación de predios - El fallo respalda otro del Supremo de 2012 que daba la razón a los dueños de las fincas

24.04.2014 | 01:30
Vista del Paseo do Pontiñas por detrás de la calle Ponte. // Bernabé/Javier Lalín

Más de 30 millones de euros deberá abonar la Xunta a los propietarios de terrenos del Paseo do Pontiñas de Lalín ocupados para la construcción de la segunda fase del paseo natural. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar un recurso de la Consellería de Medio Ambiente relativo a la reversión de parte de los predios a sus dueños y el alto tribunal autonómico refrenda así una sentencia del Tribunal Supremo, de hace ahora justo dos años, en la que daba la razón a los algo más de una veintena de propietarios.

Aquel fallo estimaba que el valor de las fincas rondaba los 26 millones de euros, pero a esta cantidad hay añadir los intereses generados desde entonces, por lo que la suma rondará los 30. Así ya lo había advertido el abogado de los afectados, José Luis Pedreira, cuando trascendió que Augas de Galicia había recurrido al Tribunal Constitucional para que se anulase una sentencia que absorberá gran parte del presupuesto del departamento dependiente de Medio Ambiente. Ahora se espera que administración autonómica y afectados puedan llegar a un acuerdo para saldar los pagos, algo que ya había planteado el representante legal de los propietarios hace dos años, pero la Xunta hizo oídos sordos y en una huida hacia adelante desatendió el ofrecimiento de los vecinos. La clave de la sentencia se apoya en que en el año 2001 los predios expropiados ya figuraban en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo urbano consolidado y no como predios rústicos. Este fallo supone un importante varapalo para la Xunta por una obra -la segunda fase- inaugurada el 16 de septiembre de 2001 y promovida por la Consellería de Política Territorial. Los dueños de las fincas ya habían advertido entonces habían a la administración que el proceso no se estaba siguiendo con arreglo a la normativa establecida en el planeamiento urbanístico.

Otro pago millonario

Al margen de esta sentencia, la Xunta ya había sido condenada por el TSXG en 2006 al pago de otros 8,2 millones de euros a los mismos afectados, cuantía que ya se repartieron en función de los bienes de cada uno de los 25 vecinos. Augas de Galicia tuvo que hacer frente a esta también importante cuantía tras desestimar el alto tribunal autonómico el recurso de súplica presentado por Augas de Galicia por considerar que existía una sobrevaloración de los terrenos. De los 8,2 millones, 7,3 correspondían fincas, incluidos los intereses desde su ocupación y hasta enero de 2006.

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