A Estrada suma ya en torno a 7.000 firmas en su lucha ininterrumpida en defensa del mantenimiento del Registro Civil en las capitales de los municipios que integran la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, es decir, A Estrada, Forcarei y Cerdedo.
Así lo confirmó ayer el delegado sindical en Pontevedra del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Enrique Araújo Martínez,que destacó que A Estrada es, sin duda, dentro de Galicia la punta de lanza de las villas gallegas en la defensa del servicio.
Manifestación, mañana
Es la única que impulsa manifestaciones como las siete grandes ciudades gallegas -mañana mismo acogerá otra a partir de las 12.00 horas- y también es la única villa que, desde hace un año, mantiene vivas de manera ininterrumpida las concentraciones semanales para reivindicar la continuidad del servicio. También es la única sigue recogiendo firmas de modo ininterrumpido.
Estas se remiten al Ministerio de Justicia que, según explicó Enrique Araújo, ya quiso encargarle la prestación de los servicios que ahora ofrecen los registros civiles a los registradores de la Propiedad de manera gratuita inicialmente a la espera de hablar con posterioridad de resarcir sus honorarios vía presupuestos o vía aranceles. Sin embargo, según Araújo, los registradores no aceptaron y los sindicatos esperan que en dos semanas el ministerio comunique su decisión definitiva. De ahí que los sindicatos quieran mantener la "presión" para que continúe prestándose el servicio gratuito desde la Administración de Justicia.
Esta ofrece, según STAJ, "experiencia" (ya que presta el servicio desde los años 50), un programa informático adecuado para la prestación del servicio, unas dependencias ya acondicionadas para ello y, sobre todo, funcionarios muy profesionales que manejan datos personales con la máxima confidencialidad porque tienen el deber de sigilo y de secreto profesional.
En el caso de Tabeirós-Montes, los registros civiles de A Estrada, Forcarei y Cerdedo prestan un servicio especialmente importante para los numerosos emigrantes retornados que cobran pensiones del extranjero y que se ven obligados a enviar periódicamente a los países que se las abonan fes de vida que acrediten que siguen vivos para poder seguir cobrando y así garantizar su subsistencia y, en el actual contexto de crisis, imuchos ncluso la de sus familias.
