La familia de Caldas amenazada por un desahucio que iba a ejecutarse hoy respira con un cierto alivio. Al menos ha ganado dos meses y medio tiempo. La Justicia, al entender que en este caso incurrían condiciones abusivas y tras la reciente advertencia de la Unión Europea de la ilegalidad de la norma española que regula los desalojos, ha suspendido ese procedimiento, la subasta de las dos propiedades y marca un nuevo juicio para el 3 de junio.

El abogado de Dolores, que vive con su esposo y su hijo en una de las dos viviendas sobre las que pesaba la orden, comunicó recientemente a la mujer la decisión adoptada por una juez de Lanzarote. Allí se ubica el chalé sobre el que pesaba el embargo y que estaba avalado con la vivienda habitual, la caldense. Esta magistrada dio un cambio de rumbo a la situación y paró el proceso cuando la familia ya había aceptado como el menor de los males el pago de un alquiler social.

"Ha visto que nuestro caso es abusivo y ha suspendido la subasta", explicaba ayer Dolores con satisfacción pero voz agotada tras tanto tiempo de tensión. A lo largo de los últimos meses su familia y ella han vivido con la sombra de un desahucio que amenazaba con llevarse por delante tanto la casa de Canarias como este piso "que ya está casi pagado" y en dejarles en la calle. Ahora, "todo empieza desde cero", y tendrán que esperar hasta junio para saber qué ocurre finalmente.

De momento, la situación ha dado un giro que les permite, además, evitar el pago social que les empezaría a cobrar el banco. Desde la entidad se había propuesto que la familia pudiese permanece en su residencia de Caldas pero bajo el pago de esta renta. El piso pasaría a ser del banco, pero los afectados podrían quedarse con el pago de una cuota que se le haría cuesta arriba a esta familia de tres miembros en la que todos se encuentran en situación de desempleo.

El caso resulta especialmente dramático si se tiene en cuenta que en esta familia de tres miembros ambos progenitores aseguran estar enfermos y perciben, tras quedarse en el paro, unos ingresos de 400 euros como prestación. El hijo, de 21 años, acumula tres años en paro. "Ahora está haciendo carpintería en A Xunqueira en horario de tarde, pero claro, tiene que ir y venir cada día en coche. A esa hora no hay autobuses", detalla la mujer haciendo referencia a solo uno de los ejemplos de gastos a los que tiene que hacer frente. Si el proceso ahora anulado se hubiese llegado a realizar, la familia habría perdido una propiedad valorada en 300.000 euros y otra, la de Caldas, en 96.000.