"Los ingresos son mínimos, pero acaban teniendo repercusión en la parroquia"

"La diócesis invierte al año 500.000 euros para conservar su patrimonio"

 
Gómez, delegado diocesano de Patrimonio de Bienes Inmuebles.
Gómez, delegado diocesano de Patrimonio de Bienes Inmuebles. 

miguel gómez vázquez - Delegado de Patrimonio de Bienes Inmuebles de la Diócesis de Lugo

BLANCA PAZ - LALÍN La Diócesis de Lugo es, de las de toda España, la que cuenta con un mayor número de parroquias. Suma un total de 1.139, con sus respectivas iglesias, además de 500 capillas y unas 380 casas rectorales. De entre estas últimas, 32 se concentran en la comarca de Deza, adscrita al obispado lucense. Mantener en buen estado de conservación las casas pastorales, que se ven abocadas al cierre debido a la pérdida de sacerdotes, no es tarea fácil para la Iglesia. De su control se encarga en la diócesis lucense Miguel Gómez Vázquez, su delegado de Patrimonio de Bienes Inmuebles.

-¿Por qué optan por la fórmula del alquiler para mantener las rectorales?

-La razón fundamental es la necesidad de conservar el patrimonio, hacerlo rentable, y dar utilidad a las casas. Hay que pensar que también es una ayuda para la Iglesia, que percibe unos ingresos que luego invierte en la conservación de su patrimonio general, no solo de las zonas en las que se alquilan esas casas, sino de todas las parroquias y bienes que posee. En Deza tenemos dos alquiladas y se están negociando otras dos, pero en la Diócesis hay más rectorales habitadas por familias.

-¿Cómo se gestiona el dinero que se percibe de los contratos?

-Es la Diócesis la que gestiona, porque también es la que corre con los gastos. Los ingresos son mínimos, pero lo recaudado se pone al servicio de la tarea de evangelización. Es un alquiler normal, como el que se puede pagar por cualquier otra vivienda. Ahora una parroquia tiene muchos más gastos que antes, precisamente por el deterioro de los bienes inmuebles, que hay que sostener. ¿Y de dónde sale el dinero para hacerlo? Pues de ahí, entre otras fuentes de ingresos. Es un fondo que acaba teniendo repercusión en la parroquia.

-¿Qué opinión le merecen las peticiones de algunos partidos políticos y alcaldes, como el del municipio ourensán de Amoeiro, que exigen el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia?

-Eso está estipulado así por ley (un acuerdo de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede exime del abono). Ya estamos pagando por los bienes que tenemos que pagar, no nos negamos a cumplir la ley. Se trata de bienes que están al servicio de la evangelización. Ten en cuenta que la Iglesia está prestando un gran servicio a la sociedad. El patrimonio, las actividades pastorales, la misión de la Iglesia... todo ello redunda en un beneficio social. La Diócesis invierte al año alrededor de medio millón de euros en su conservación, y eso no viene del Estado, ni de la Xunta, ni de los partidos políticos. Sale de los fieles, de la comunión de bienes pastoral. Y las iglesias de las parroquias son señas de identidad, así que mantenerlas redunda en el bien social.

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