El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de remitir a los 17 comuneros de Sanguiñedo (Dozón) una nueva propuesta de pago de la superficie que ocupó en esta zona para construir el Tren de Alta Velocidad. La oferta más reciente del Adif se cifra en 427.000 euros, es decir, la séptima parte de los 3,2 millones de euros que reclaman los afectados, tras la valoración que les hizo un perito. Los propietarios se basan en que, antes de las obras del TAV, estas tierras tenían un gran valor porque o bien se dedicaban a pasto o a cultivo de cereal.

La considerable diferencia entre una y otra cantidad se debe a que Adif pretende abonar solo 11,2 hectáreas, de las 53,3 que expropió inicialmente, basándose en que solo ocupó aquellas. El resto, pueden volver a manos de sus antiguos dueños. Pero los comuneros tienen claro que no desean volver a disponer de estos terrenos porque, en muchos casos, o quedaron convertidos en pistas o son zonas antiguamente reforestadas y que ahora funcionan como escombreras (hay cinco) de las obras del TAV, con lo que no podrían volver a replantarse. "En las fincas particulares que se expropiaron en Sanguiñedo, sus dueños cobraron hace ya tiempo. Nosotros solo queremos el mismo trato", explica el presidente de los comuneros, Juan Ramón Varela.

En vista de que no hay un acuerdo entre las dos partes, será el Jurado de Valoración quien se encargue de marcar un justiprecio para las 55 hectáreas de terreno ocupado. Mientras, los comuneros mantienen abierto desde noviembre del año pasado un proceso judicial para reclamar el pago de estos terrenos. "Lo normal es que Adif acometa unas obras con un presupuesto y un proyecto concretos y no que, una vez finalizados los trabajos, pretenda pagarnos mucho menos de lo que nos corresponde y, encima, devolvernos unos terrenos que ahora no nos sirven para los fines con los que los utilizábamos antes", explica Varela.

Por de pronto, los comuneros cuentan ya con procuradores y abogados tanto en los juzgados de Pontevedra como en el Tribunal Superior de Xustiza en A Coruña y en la Audiencia Nacional, en Madrid. Las dificultades de los comuneros de Sanguiñedo se remontan ya a 2006, ya que en esas fechas tuvieron que confirmar la titularidad comunal de los montes, que hasta esa fecha aparecían como de dueño desconocido. A través de la Consellería de Medio Rural –por entonces en manos del BNG– los 17 propietarios agilizaron todos los trámites para poder obtener una indemnización del Adif.

Por otra parte, la zona también estuvo afectada por la ubicación inicial de la incineradora de basuras en O Irixo. En un principio, Estela Eólica barajó su construcción en los montes de San Cosme de Cusanca, que lindan con los de Sanguiñedo y también con los de Samprizón, ya en la parroquia lalinense de Lebozán. Los comuneros alertaron del riesgo de contaminación que supondría el complejo para sus manantiales y sus zonas de cultivo.