La huelga que están protagonizando los funcionarios de Justicia en Galicia también se ha dejado notar en los dos partidos judiciales en los que está dividida la comarca de O Salnés. Tanto en Vilagarcía como en Cambados, la mayor parte de los juicios han sido suspendidos, salvo las causas con preso o aquellas que llevan vinculadas a algún tipo de medida de protección.
Lo mismo ocurre con los registros civiles, donde tan solo se tramitan los nacimientos y defunciones a través de los servicios mínimos, algo que se mantendrá mientras no se alcance un acuerdo sobre las cuestiones salariales y una serie de exigencias en el ámbito laboral.
La convocatoria de huelga, que se inició el pasado 7 de febrero, y aunque las concentraciones y movilizaciones se están desarrollando en las siete ciudades más importantes de Galicia, eso no significa que no esté respaldada por los funcionarios de Cambados y Vilagarcía, ya que muchos de ellos se han sumado a esas movilizaciones.
La decisión de centralizar las manifestaciones en estas ciudades se fundamenta en la necesidad de hacer visibles las protestas para acabar con una situación que los funcionarios de Justicia llevan mucho tiempo arrastrando.
Así lo reconoce Delmiro Durán, representante de CIG, uno de los siete sindicatos que han convocado los paros y que se encuentran negociando con la Xunta un acuerdo que parece difícil de conseguir en estos momentos.
El responsable sindical, aseguraba ayer que "en Cambados solo están trabajando los servicios mínimos, ya que el 100% de los trabajadores secunda la huelga, mientras que en Vilagarcía, el paro está siendo seguido por más del 90% de los funcionarios".
Funcionan los servicios mínimos y el juzgado de guardia, donde se recogen las denuncias, pero la tramitación es otra historia, ya que salvo aquellos casos en los que haya presos o se atente contra las libertades personales, la mayor parte tardarán en comenzar a avanzar por el entramado burocrático de la justicia.
A esto hay que sumarle la cancelación de vistas o citaciones en fase de instrucción y los escasos trámites que realizan los registros civiles, que dejan pendiente todo aquello que no sea urgente. Además del retraso, la huelga también afecta a los bolsillos de los trabajadores, que sufren descuentos de entre 60 y 80 euros al día.
Durán asegura que no les ha quedado otro camino a los funcionarios que optar por esta medida de presión, ya que los sindicatos llevan desde el pasado mes de noviembre celebrando asambleas y tratando de buscar una solución con la Xunta, "pero no se ha conseguido ningún tipo de acuerdo, por eso hemos optado por este tipo de movilizaciones".
El representante sindical de los funcionarios de Justicia considera que "la Xunta pudo resolver este conflicto mucho antes de que llegásemos a la huelga, pero no ha querido, así que hemos optado por la huelga y las movilizaciones.
Un acuerdo es algo que no se ve todavía en el horizonte, algo que reconoce Durán, ya que las posturas se encuentran muy distanciadas entre la plataforma sindical que reúne a las siete agrupaciones y la Xunta de Galicia, administración en la que "no se ve movimiento alguno para desenquistar la situación, más allá de unas afirmaciones de Alfonso Rueda en las que aseguraba estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociación siempre y cuando los sindicatos abandonásemos la huelga, algo a lo que ya nos hemos negado".
