La Xunta de Galicia no cambiará el artículo de la Lei do Solo que equipara los invernaderos agrícolas con las construcciones estables en el medio rural -como galpones o granjas-, y que dificultará enormemente la construcción futura de viveros. En la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio apuntan al respecto que el objetivo de la medida es proteger del impacto que los invernaderos puedan tener en el medio, de ahí que no se baraje flexibilizar los requisitos que ahora se exigen.
Desde la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo se pide por ejemplo a los promotores de invernaderos que los separen al menos cinco metros de la propiedad de los colindantes, y que dispongan de una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados en la parcela en la que vayan a instalar el vivero. Además, las nuevas construcciones agrícolas deberán disponer tanto de acceso rodado de uso público (aunque en este caso la Xunta admite como válidas las servidumbres de paso) como a los demás servicios urbanísticos (luz, abastecimiento de agua...). En caso de que no se pueda garantizar la prestación de estos servicios en la finca en la que se va a construir la instalación agrícola, será el promotor de la misma quien tendrá que correr con los gastos de urbanización.
Otro requisito que se pide desde marzo pasado es que un invernadero no podrá ocupar más del 60 por ciento de la superficie de una finca determinada.
Este conjunto de medidas no afecta a las instalaciones que ya existen o que ya estuviesen empezadas antes de que se aprobase la actual Lei do Solo, pero pueden hipotecar de forma muy seria el futuro desarrollo agrícola en comarcas como la de O Salnés. El acentuado minifundismo existente en Arousa y el gran peso socioeconómico que tiene en la zona el viñedo motivan que sea muy difícil encontrar parcelas de un mínimo de 2.000 metros cuadrados en donde ubicar un invernadero.
Además, la Xunta exige ahora acceso a unos servicios que no siempre llegan a todas partes en el rural. Llevarlos hasta las fincas puede suponer en algunos casos un desembolso económico inasumible para muchos agricultores.
De hecho, dos ayuntamientos de la comarca ya han mostrado públicamente su oposición a los cambios aprobados por la Xunta en lo referente a los invernaderos, como han sido los de Ribadumia y Cambados. En ambas corporaciones se aprobaron por unanimidad las propuestas de acuerdo presentadas por los gobiernos de coalición en contra de los requisitos exigidos por la Xunta. En ambos casos, el PP votó a favor de que se cambie en ese artículo la Lei do Solo.
Cambio de criterio
La anterior ley autonómica del suelo no exigía para los invernaderos las mismas condiciones de edificación que se le pedían, por ejemplo, a un galpón o a una granja, pues los excluía expresamente de dichas condiciones.
Pero esa excepción ha desaparecido del articulado de la nueva ley, que entró en vigor a finales del pasado invierno. "En la nueva Lei do Solo se elimina esa excepción como medida garantista y de protección del medio rural, por lo que los invernaderos tienen que cumplir las condiciones de edificación en suelo rústico", explica la Xunta.
No obstante, y pese a que la ley es autonómica, son los concellos los que tendrán que velar por su cumplimiento. "El objetivo de esta medida es tratar de proteger del impacto que puedan tener en el medio rural estas instalaciones, por lo que corresponderá al concello respectivo, que es el competente para otorgar la licencia, analizar si concurren los requisitos exigidos en cada caso", arguye en un comunicado Ordenación do Territorio.
En los concellos de Ribadumia y Cambados se han aprobado por unanimidad sendas propuestas de los gobiernos municipales en contra de la ley, al considerar que no se le pueden exigir los mismos requisitos a los invernaderos que a un galpón agrícola, ya que los primeros son una estructura temporal e incluso móvil. En ambos municipios, la agricultura tiene un peso muy destacado, de ahí que esta ley les preocupe mucho.
La agricultura tiene un peso específico muy importante en O Salnés -entre las cooperativas Horsal y Hortumia suman más de 250 agricultores, lo que las convierte en dos de las sociedades de huerta más importantes de Galicia- y a pesar de ello, los nuevos criterios restrictivos de la Xunta de Galicia a la construcción de los invernaderos han despertado una oposición muy tímida.
Si bien Cambados y Ribadumia sí han aprobado en sus plenos sendos acuerdos en contra de la decisión de la Xunta -el primero fue Ribadumia, hace ya un par de meses, y en Cambados el asunto se debatió anteayer jueves-, el asunto no se ha abordado en otros municipios donde la agricultura también tiene un peso muy importante, como Vilanova, Meaño o Meis.
En cuanto a las cooperativas antes reseñadas, aunque sus dirigentes consideran que la nueva ley es perjudicial, tampoco tienen una posición definida y clara de oposición a la misma. Como tampoco la tienen sindicatos como Unións Agrarias.
Recientemente, su responsable comarcal afirmaba que la ley hipotecaría el desarrollo del sector agrario en la comarca arousana y que dificultaría la fijación de población en el medio rural, pero esta oposición no se ha traducido en la puesta en marcha de una campaña específica para que la Xunta cambie sus criterios. Tampoco ninguno de los grandes partidos políticos han movido ficha en el Parlamento de Galicia.
De hecho, estos nuevos requisitos están pasando tan desapercibidos en la comarca que ni siquiera los tienen claros en algunas empresas que se dedican a la construcción de invernaderos.
El gerente de una de ellas explica que esto se debe en gran parte "a que hace mucho tiempo que no se levanta un invernadero nuevo". Y es que la crisis económica y el progresivo e irrefrenable abandono del campo también repercuten en estas empresas.
Otra de las zonas de Galicia donde más invernaderos hay es el Baixo Miño, en el sur de la provincia de Pontevedra.
