Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia y vicepresidente de la Xunta de Galicia, subrayó ayer que las actualizaciones de las autorizaciones ambientales integradas (AAI) firmadas por la administración autonómica son "prórrogas obligadas" por el imperativo legal de adecuar la legislación española y gallega sobre contaminación industrial a la Directiva europea 2010/75. Una adecuación que necesariamente se tiene que hacer antes del 7 de enero de 2014. "Lo único que ha hecho la Xunta es cumplir con la ley", recalcó.
El DOG publicó siete resoluciones individuales (entre ellas la que afecta a Elnosa) y tres colectivas (una de las cuales incluye a Ence) que suman un total de 229 licencias verdes el pasado 31 de diciembre, lo que fue interpretado por voces críticas, como las del gobierno local pontevedrés, como un ejercicio de oscurantismo y un paso más hacia el proyecto de consolidación de las fábricas de celulosa y cloro en Lourizán que estaría llevando a cabo el PP.
Cuestiones distintas
Rueda Valenzuela desvinculó la actualización de la AAI de Ence de una posible prórroga de la concesión estatal de los terrenos de dominio marítimo-terrestre que ocupa en Lourizán. "No tienen nada que ver con la prórroga de la concesión que todavía está por decidir y para lo que la Xunta de Galicia se da de plazo hasta el final de la actual concesión (año 2018)" recalcó.
El vicepresidente autonómico aprovechó su comparecencia para decirle a los responsables de la empresa que "Ence tiene que tener claro que tenemos que hablar y que, en cualquier negociación, el resultado que haya al final va a suponer un beneficio para los ciudadanos de Pontevedra y su comarca".
