La defensa del exedil Aurelio Gómez Vidal, el único investigado en el caso de los altavoces, insistirá en hacer ver "que sí hubo un expediente; no en el área de contratación sino en la concejalía de comercio. En aquella época y también en la posterior, con el PSOE, era posible hacer contratos administrativos bajo la competencia de cada concejalía", argumenta esta parte. Una vez que las diligencias 1421 / 2014 se reabran en Instrucción 2, el abogado solicitará más documental para intentar probar que sí hubo trámite administrativo para la compra de los altavoces. El letrado afirma que hay pruebas de la existencia del expediente, como la solicitud de ofertas a empresas. Al existir procedimiento, según esta versión, no habría la ilegalidad administrativa cuya intencionalidad -el tipo subjetivo del delito de prevaricación-, la Audiencia emplaza a dirimir en el juicio.
