La actual teniente de alcalde, la socialista, Marga Martín, y los exediles del BNG, García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas, que declararon ayer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 1 por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al denominado caso de la Plaza de San Antonio, dicen no sentirse "responsables" por la legalización de un aparcamiento subterráneo privado en subsuelo público, y por la indemnización a una particular con 385.525 euros que había denunciado al Concello por la "reducción de luminosidad de estancias traseras de su vivienda" por la construcción de edificios en la plaza, y la posterior concesión de licencias, que posteriormente retiró.

Los ediles que formaban parte de la junta de gobierno local que aprobaron los dos asuntos explicaron al juez que cada concejal responde de los asuntos de su área que lleva, en este caso en alusión a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, imputada. Así lo indicaron las exediles del BNG, Marta Arribas, "sin entrar en lo que se hizo", y su compañera, Isabel Pérez, que además indicó que "el resto de los miembros nos limitábamos a dar el visto bueno.

Por su parte, la primer teniente de alcalde y edil de Bienestar Social, Marga Martín -imputada en la investigación judicial de ayuda a domicilio-, reconocía que no vio los informes del expediente en cuestión, para aclarar que en tema de la indemnización a la particular "se nos dijo que había que pagar".

También aseguró al magistrado, igual que hicieron el día anterior sus compañeros imputados, que la edil de Urbanismo había llevado el expediente a junta de gobierno y que todos los informes técnicos y jurídicos eran favorables, por lo que se aprobó.

Por su parte, el que fuera teniente de alcalde en el bipartito, exedil del BNG, García Mata -imputado en la investigación de la calle Bedoya- fue más rotundo y aseguró antes de prestar declaración que "lo volvería hacer", justificando que se trataba de un "marrón" que le habían dejado gobiernos anteriores del Partido Popular.

Sostiene García Mata que la junta de gobierno tomó una resolución que pasó por legalizar una situación "que teníamos encima de la mesa", y aludir a una sentencia del TSXG que ordenaba el derribo de las viviendas, que era una preocupación importante para el gobierno bipartito, y que la edil de Urbanismo, después de analizar el asunto presentó una propuesta y "la aprobamos".