Pues no le va a resultar fácil al presidente Feijóo, aunque desde el punto de vista de quien esto escribe tenga razón, convencer al señor Rajoy de que proponga un tratamiento de "terroristas" para los incendiarios organizados que actúan en Galicia. Primero, porque aún no está probada la existencia de esa organización -pese a las evidencias objetivas- y, segundo, por dificultades jurídicas, porque el delito que pretende imputar está definido de otro modo y con otros fines diferentes al que se les pretende imputar, más allá de la obviedad de crear terror.
En todo caso, se expresa acuerdo básico con don Alberto no tanto por cómo resulte legalmente punible quemar de modo intencionado, y aun cualquier daño irreparable, como la muerte de personas, aunque no sea el fin buscado. Lo que pretende seguramente el señor Feijóo es lo que no hay: una lucha eficaz contra los incendiarios, porque, francamente, habría de haber dicho al ministro del Interior que un solo detenido tras arder media provincia de Pontevedra suena a chiste macabro; y se trata de impedir que quemar montes salga "barato" y matar, gratis. Porque esa es la impresión que le da a la gente del común cuando a un incendiario le "cae" un año de cárcel.
En todo caso, lo que su señoría dejó claro fue un mensaje más duro que otras veces, quizá porque entonces ni siquiera pareció que alguien hubiera tomado nota donde deberían haberlo hecho: que la tragedia de los incendios forestales en Galicia ha de tomarse mucho más en serio por la autoridad que tiene la competencia de reprimir a sus responsables. Con independencia de que pudiese ser modificada su calificación en el Código Penal, que es un debate casi tan antiguo como los incendios. Y aunque la historia demuestra que ese cambio no siempre dio resultado, no es menos cierto que las sanciones que actualmente se aplican son, en no pocas ocasiones, ridículas.
Aun así, el señor Feijóo habría de establecer en su agenda de urgencias, por repleta que esté, un lugar destacado para situar ahí la necesaria reelaboración de un Plan Rural transversal que incluya medidas más concretas -y severas- para alejar al monte de los núcleos habitados, exigir a los dueños de la superficie forestal la limpieza necesaria y, en definitiva, "poner el monte en valor", como dijo con acierto el exconselleiro Suárez Canal. Y si muchas de las medidas expuestas ya se han tomado, hay que hacerlas cumplir. Porque no se cumplen.
La tarea, que ha de ser como mínimo paralela a la cuestión legal, plantea una dificultad muy parecida a las que retrasan soluciones a problemas de enorme gravedad como este: la dificultad con que este país acoge cualquier acuerdo para abordar asuntos colectivos desde un frente común. común. Y conviene recordar otro obstáculo: la partidización de temas que exigen el esfuerzo de todos y además prolongado en el tiempo. En materia forestal, en 1989 el PP desarrolló una ofensiva feroz -que culminó con Fraga como candidato a la Xunta- contra el entonces conselleiro Sineiro por los incendios de aquel año, por cierto electoral. Y en el 2005/2006, otra parecida a la que ahora plantean BNG y EM, por ejemplo. Y por eso también se ve lejana y difícil la solución.
¿O no...?
