Esa afirmación compartida entre los votantes independentistas del uno de octubre que si los líderes de "Junts Pel Si" no proclaman la república catalana, prevista en la ley de desconexión, se sentirán traicionados. Ello supondría un golpe mortal al independentismo.
Teniendo ya por segura la DUI (declaración unilateral de independencia) no hay que interpretarla como independencia inmediata, e irreversible, del Estado. La clave estará en los detalles de la misma. Me parece que en la declaración institucional del presidente Puigdemont hay indicaciones bastante claras (insistencia en el diálogo y la mediación, referencias positivas al estado y a las lenguas) indicadoras del probable alcance de la DUI. Esta presenta dos aspectos: por una parte, es una etapa esencial en el proceso de conversión del nacionalismo independentista en un hecho claramente mayoritario en Cataluña. Por otra, representa la posición del nacionalismo catalán ante una eventual negociación. Si el Gobierno central opta, ante la DUI, por la represión, en las nuevas elecciones que seguirán el voto nacionalista, en una atmósfera tensa y apasionada, muy probablemente aumentará su magnitud hasta que llegue un momento en que sea irreversible la identificación de la DUI con la independencia efectiva.
Si, por el contrario, la DUI provoca la apertura de un proceso de negociación está claro que hay que partir de la república catalana para desarrollar una reforma constitucional que la encaje en el estado (con) federal junto al estado español (y otro u otros)
Es entonces el momento de la política, de abandonar el uso de un derecho (superado por la realidad) como arma política. Señalaba un diario de Madrid (no caracterizado por sus simpatías con el nacionalismo) que la oferta del Gobierno central debe ser generosa y potente. Esa oferta está predeterminada por la DUI e implica una reforma constitucional de tal calado que supondrá la cancelación de la Constitución de 1978. Podemos preguntarnos si el partido gobernante y las instituciones del Estado estarán a la altura de las circunstancias históricas, que ofrecen la posibilidad de una articulación definitiva de la Península y de superación de un pasado de incomprensiones y errores.
Podemos legítimamente dudarlo si tenemos en cuenta las sucesivas declaraciones institucionales del presidente, del Rey y de la vicepresidenta, cada vez más decepcionantes en su simplismo jurídico y ausencia de contenido político. Y tengamos en cuenta que no basta el desplazamiento de los actuales líderes por una mayoría alternativa, de persistir aquellos en su cerrazón, aunque sea condición necesaria, debido a las mayorías exigidas para la reforma constitucional. Pero todos, políticos y ciudadanos, debemos ser conscientes de que ya está ante nosotros la última oportunidad de resolver la situación y que la historia registrará nombres y apellidos de los que por su incapacidad no haya sabido resolverla.
