Así pues, y quizá para confirmar aquello de que no conviene fiarse demasiado de las propagandas oficiales ni de sus exégetas, especialmente los subvencionados, ahí están las cifras que acaba de publicar este periódico según las cuales los ingresos fiscales de la Xunta se han duplicado desde 2002 y llegan ya hasta los dos mil euros anuales por habitante. Algo que deja con las calzas al viento a quienes anuncian, y a los que loan como verdad evangélica, lo de que el Gobierno gallego -y los anteriores- "baixan os impostos".
La verdad, que no es la primera vez que resulta contraria a la publicidad política, prueba que la carga fiscal que padecen las/os gallegas/os es cada vez mayor, y que su incremento no sólo no cesó durante la crisis, sino que la inventiva de los administradores para exprimir a los contribuyentes fue también in crescendo. Y no hay que buscar la razón sólo "en la mejoría económica" -que no alcanza a tantos aquí-, y que impulsaría el consumo y con él los ingresos públicos. Sobre eso habría que matizar a tutiplé.
La realidad es otra. Prueba que las "rebajas" han sido durante demasiados años un cuento y también y sobre todo que los métodos de no actualizar las cargas e incluso agravarlas a pesar de que el valor real de las cosas descendía aceleradamente, fueron aquí la regla. Algo corregida en los últimos tiempos, pero sólo en algunos conceptos y de forma tan leve que malamente puede hablarse de "alivio", sobre todo para los que a duras penas sobreviven con trabajo precario y mal pagado.
Esto es lo que hay, la verdad -que lo es la diga Agamenón o su porquero- y cuya negación es tan absurda como estúpida la terquedad de quienes la practican. Y más todavía la de los que ocultan sus vergüenzas -sobre todo la de decir una cosa y hacer otra- en el sempiterno argumento de que sus triunfos en las urnas lo justifican todo. Algo que no sólo es falso, sino que debería provocar la duda sobre si tales éxitos no se deben al mal menor; o sea, a que otros podrían hacerlo aún peor.
Es posible, y sería en cierto modo lógico, que esta opinión -que no es otra cosa- provoque el desacuerdo de quienes gobiernan. Y acaso exigiría más matices, pero conviene insistir en algo ya repetido en otras ocasiones: los ciudadanos tienen derecho a la sinceridad, y a que se les expliquen las cosas en serio. Y a exigir de sus gobernantes el máximo celo en proporcionar lo que alguna Constitución recoge: "la búsqueda de la felicidad". Es una utopía, probablemente, pero siempre preferible a "subastar" la verdad.
¿No??
