Hace veinticinco años, Elnosa todavía no estaba repuesta por estas fechas del cierre temporal sufrido el 13 de noviembre de 1991, tras una fulminante decisión tomada por la Consellería de Industria, a propuesta de la Comisión Gallega de Protección Civil. El paso del tiempo casi todo lo cura y la negra efeméride está hoy prácticamente olvidada.
Aquel acuerdo cayó como un jarro de agua fría en el complejo industrial de Lourizán. Pero también provocó un auténtico shock en el mundo industrial y empresarial de Galicia entera.
A pesar de que Dositeo Rodríguez y Juan Fernández estaban al frente de la consellerías responsables, Presidencia e Industria, respectivamente, nadie albergaba la menor duda sobre la total implicación del súper conselleiro José Cuiña Crespo. También se daba por segura la plena aquiescencia del mismísimo presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarren, en aquella acción sin precedente.
La Comisión Gallega de Protección Civil, una amalgama mixta de organismos estatales y autonómicos hasta entonces claramente inoperante, se reunió durante la mañana del día anterior, 12 de noviembre, en el edificio de Presidencia que ahora agoniza en la calle Benito Corbal de esta ciudad. La suerte ya estaba echada para Elnosa por la "magnitude de risco" de su proceso industrial.
Los informes técnicos encima de la mesa indicaban de forma taxativa que en caso de un escape de cloro, una posibilidad no descartable en modo alguno, una nube tóxica de efectos letales llegaría a Pontevedra en el plazo de quince o veinte minutos, sin ninguna posibilidad de afrontarse con éxito su disolución. Eso dijo el propio Dositeo Rodríguez al explicar el drástico acuerdo:
"No estamos ante una decisión ligera, ni tampoco ante un acuerdo precipitado. No existe un acoso a ninguna empresa, ni un deseo de perjudicar la actividad industrial de la ciudad de Pontevedra. Sencillamente no podemos asumir permanentemente el riesgo potencial que entraña esta fábrica. Y la defensa de la vida de la población en este caso resulta prioritaria para la Xunta".
Todos los miembros del gobierno gallego se vieron sometidos desde el día siguiente a fortísimas presiones de poderes fácticos, identificables unos y no tanto otros. Obviamente, Elnosa no tiró la toalla y su director, Cándido Taboada, activó un potente gabinete jurídico para tratar de revertir el cierre cautelar decretado.
Del alcance de la presión habló por sí sola la visita a la fábrica que solo cuatro días después hizo el conselleiro de Industria. Aquel 16 de noviembre, a Juan Fernández solo le faltó disculpar la actuación de la Xunta: "Jamás contemplamos -dijo- que esta situación transitoria pudiese generar un cierre definitivo". Los pontevedreses no dieron crédito ante semejante despropósito.
El conselleiro se apresuró a afirmar que Elnosa podría reanudar su actividad quince días más tarde, tal y como luego ocurrió, una vez realizadas algunas obras encaminadas a atenuar el peligro detectado.
Escasamente tres semanas resultaron suficientes para trocar la situación de manera radical y Elnosa pasó de un riesgo potencial a un riesgo cero por el arte de birlibirloque. Eso asumió el 4 de diciembre la misma Comisión Gallega de Protección Civil, que autorizó de nuevo su producción de cloro, si bien con una fabricación limitada y un almacenamiento mínimo.
De prolongarse mucho en el tiempo las restricciones impuestas, la fábrica de cloro estaba abocada a un agónico cierre. A esa conclusión llegaron sus principales responsables tras pasar en 1992 el año más difícil de su historia.
Elnosa no renunció a la batalla judicial y planteó un recurso contencioso-administrativo que dos años más tarde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a su favor.
La sentencia dictada a finales de diciembre de 1993 entendió que el cierre cautelar había sido una medida desproporcionada y, sobre todo, insuficientemente razonada. También consideró que los informes barajados habían contemplado un riesgo en abstracto, pero en ningún caso habían demostrado un peligro inminente de fuga de cloro.
Igualmente el tribunal apreció una desviación de poder en la actuación de la Xunta con la medida adoptada, antes sancionadora que preventiva. Y en su fallo ordenó el pleno restablecimiento de la anterior situación de Elnosa, así como el pago de una indemnización de treinta y cuatro millones y medio de pesetas por los perjuicios ocasionados.
No resulta difícil imaginar el mazazo que la sentencia supuso para el gobierno de Fraga. Además de un golpe moral, supuso también un palo económico. La Xunta acogió la decisión judicial con la misma perplejidad que Elnosa recibió la comunicación administrativa de su cierre cautelar. Donde las dan, las toman; pero no estaba dicha la última palabra.
Pepe Cuiña se tomó la sentencia como una afrenta personal y dio un paso más en su política de acoso a Celulosas y Elnosa. El conselleiro de Política Territorial no tardó ni un mes en ponerse manos a la obra con una combinación de determinación y de prudencia, según su propia valoración, para exigir las responsabilidades debidas, pero sin causar daños irreparables.
A la vista del llamado "Informe Wallace" (nombre de la empresa responsable), una comisión interdepartamental de las consellerías de Economía, Pesca, Justicia y Política Territorial, asesorada por un potente comité de renombrados científicos, llegó a la conclusión de que ambas empresas incumplían la normativa medioambiental. Entonces Cuiña Crespo anunció en junio de 1994 la apertura de un expediente sancionador a Elnosa por vertidos no autorizados, al mismo tiempo que trasladó un apercibimiento formal a Celulosas con la misma motivación.
El toma y daca se prolongó durante los años siguientes, pero el complejo industrial siguió adelante contra viento y marea. Pasó el tiempo y llovió sobre mojado, pero la sangre nunca llegó al río. Ahora parece que ocurrirá tres cuartos de lo mismo.
