El pontevedrés Bernardo Mateo Sagasta Echevarría, destacado político liberal y sempiterno diputado por Caldas de Reis, fue el gran muñidor de la Casa de Correos y Telégrafos, uno de los edificios nobles más antiguos de esta ciudad.
Cuando ocupaba en Madrid el cargo de director general de Comunicaciones, Sagasta firmó de su puño y letra el 14 de septiembre de 1910 una propuesta dirigida al alcalde Javier Puig Llamas para acometer su construcción en condiciones muy ventajosas para el Ayuntamiento de Pontevedra. Aquella corporación municipal aceptó rápidamente el ofrecimiento y enseguida puso manos a la obra. Nunca imaginó hasta qué punto iba a envenenarse su ejecución.
La Casa de Correos trajo en jaque al Concello durante veinte años. Hasta una docena de alcaldes sucumbieron antes de su terminación. Desde el citado Puig Llamas (ahora vilipendiado por el sectarismo imperante), hasta Remigio Hevia, pasando por Luís Boullosa, Marcelino Candendo, José Paz y Mariano Hinojal, entre otros.
El paso inicial consistió en localizar y adquirir un solar céntrico, a la altura del proyecto. Después de rechazar varios emplazamientos, finalmente se optó por una propiedad del marqués de Riestra entre las calles Oliva y García Camba, comprada en 115.000 pesetas.
El Ayuntamiento y el Estado negociaron luego un convenio de colaboración que firmaron el 16 de septiembre de 1911. En síntesis, el primero se comprometió a gestionar la construcción y entregar la obra en el plazo de dos años y medio, y el segundo asumió todo el coste hasta 500.000 pesetas, a satisfacer en diez anualidades de 50.000 pesetas.
Carlos Gato Soldevilla se impuso a otros tres candidatos en el concurso realizado para elegir el proyecto en 1913. El arquitecto madrileño apostó por un diseño exterior de estilo ecléctico al gusto de la época y una estructura interior concebida en torno a un gran patio central. El coste del proyecto ascendió a 6.647 pesetas.
A mediados de 1915 se subastó la obra y se adjudicó su realización a Cándido Casalderrey Solla en 339.000 pesetas. El contrato se rubricó el 5 de septiembre de aquel año y comenzó una cuenta atrás que acabó por eternizarse con el paso del tiempo.
Antes de colocarse la primera piedra ya surgió el primer enfrentamiento serio entre el Estado y el Ayuntamiento. Adelantadas las cuatro primeras anualidades entre 1911 y 1915, aquél se negó a abonar a éste el quinto pago hasta que la obra no estuviera en marcha. Ese ultimátum hizo efecto y aceleró su inicio.
A causa de sus apuros económicos, el Concello había empleado parte del dinero recibido en otros urgentes menesteres. Aquel agujero nunca pudo cerrarse bien con el paso del tiempo y el primer impago del Ayuntamiento al contratista se produjo a mediados de 1916, aunque la construcción siguió adelante a trancas y barrancas.
La Junta Local de Inspección, Vigilancia y Control de Obras, a cuyo frente estaba el gobernador civil, no pudo hacer otra cosa que tener al corriente a la Dirección General de Comunicaciones, y engordar y engordar con sus desalentadores informes el expediente abierto.
Cumplido el plazo fijado para su finalización, el Ayuntamiento solicitó y obtuvo la prórroga de un año. Pero el edificio aún distaba mucho de su conclusión y la misma petición volvió a repetirse en sucesivas ocasiones. A finales de 1919 se encendieron las luces rojas cuando el contratista exigió para rematar su trabajo un incremento del 40% del presupuesto inicial. Madrid se negó en redondo a aceptar tal propuesta y el Ayuntamiento consideró inasumible esa petición, pese a reconocer su justificación.
Una milagrosa gestión del diputado Alfredo Vincenti, apoyado por los demás representantes de Pontevedra en Madrid, desde Fernández Villaverde hasta Riestra Calderón, arrancó una subvención del Estado a fondo perdido de 150.000 pesetas. Pero incluso esa cantidad resultó insuficiente.
El concejal Marcelino Candendo puso el cascabel al gato cuando a mediados de 1922 cifró en 500.000 pesetas el dinero necesario. Entonces el edificio solo estaba acabado por fuera, pero faltaba por acometerse todo el interior; es decir el saneamiento, alumbrado, calefacción, distribución y decoración, amén de otros detalles menores.
La Dirección General de Correos y Telégrafos (su otra denominación) se cansó de tanto tira y afloja y optó por cortar por lo sano. A finales de 1924 remitió un duro escrito al gobernador civil en donde acusó de "negligencia continuada" a las corporaciones implicadas y exigió la depuración de las responsabilidades contraídas.
El Ayuntamiento aseguró una y otra vez que había invertido en la obra hasta la última pesetas recibida del Estado. Otra cosa distinta había sido el aumento del coste que desbordó por completo el presupuesto inicial. Ante la imposibilidad de asumir su finalización con medios propios, el Concello propuso la rescisión del contrato de común acuerdo y la conclusión de la Casa de Correos por cuenta del Estado. Esa resolución no resultó posible por las buenas y por las malas se precipitó poco después el desenlace final.
A mediados de 1926 el Ministerio de la Gobernación dictó primero un Real Decreto (RD) sobre la rescisión del contrato de 1911 por incumplimiento del Ayuntamiento, seguido de una Real Orden (RO) para la entrega de la obra, tal y como estaba entonces.
A regañadientes el Ayuntamiento acató la RO, pero dos días después interpuso un pleito para impugnar el RD. Por si esto fuera poco, tuvo que afrontar una demanda del constructor por impago de 300.000 pesetas, una cantidad luego rebajada en sede judicial a 168.295,99 pesetas. Una vez fallados, el Concello salió malparado de ambos pleitos.
El Estado libró mientras tanto 200.000 pesetas para su terminación. Ni un duro más. De los ajustes necesarios se encargó un arquitecto desplazado desde Madrid: el edificio se quedó de un plumazo sin calefacción y el mosaico sustituyó al mármol en todo el suelo.
La entrega de la Casa de Correos y Telégrafos de Pontevedra a través de la Junta Local de Vigilancia, Inspección y Recepción de Obras se formalizó, al fin, el día 8 de agosto de 1929.
