Es tiempo de elecciones y los partidos políticos presentan estos días sus programas cargados de promesas electorales, en algunos casos sencillamente imposibles de cumplir.

Hay dos cuestiones que son muy sensibles a la hora de captar votos como son el gasto público y los impuestos. En este ámbito siempre resultará más atractivo prometer incrementos de gastos, sobre todo en políticas sociales, y subidas de impuestos únicamente a los "ricos", aunque se trate de una propuesta que, como veremos, es difícil de sostener. Y ello porque en el contexto actual de limitación del déficit presupuestario que nos viene impuesto por Europa, solo se puede plantear un mayor gasto si somos capaces de incrementar los ingresos en, al menos, la misma cuantía, dado que va a ser complicado endeudarnos más de lo que lo estamos actualmente. No olvidemos que la deuda pública ha pasado de 380.000 millones de euros en el año 2007 hasta superar el billón de euros en el 2014.

En lo que se refiere al gasto público todos los partidos proponen incrementos que en el caso de Unidos Podemos, que lo ha cuantificado, llega a cantidades absolutamente desmesuradas en cuanto a la imposibilidad de su financiación. Es cierto que el papel lo soporta todo, pero los políticos deberían de asumir que no se puede jugar con las esperanzas de los ciudadanos a sabiendas de que las promesas no se pueden cumplir. Y es que repetimos que para poder soportar incrementos de gastos tenemos que tener previsto el consecuente aumento de la recaudación. Se echan de menos en los programas electorales más propuestas de racionalización del gasto y de reforma de la Administración Pública para hacerla más eficiente, buscando también lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas por la vía del ahorro.

En materia de impuestos las diferentes soluciones políticas pasan desde subidas generalizadas de impuestos a reducciones destinadas a incrementar el crecimiento económico como vía para generar mayores ingresos. La decisión sobre el camino a seguir viene marcada por la ideología política.

El lector debe de realizar un análisis pausado de las propuestas de los partidos para generar los ingresos necesarios, si no son viables pueden provocar el efecto contrario al pretendido y contraer la actividad económica.

En este sentido, conviene recordar que las bajadas de impuestos desarrolladas en los dos últimos años han contribuido a una reactivación económica vía aumento del consumo y la generación de empleo, lo que se traduce en una mayor recaudación impositiva. Además el crecimiento económico es un importante factor que garantiza la sostenibilidad de la deuda pública. Si unimos a todo ello que nos encontramos ya con una elevada presión fiscal, la subida de impuestos se nos antoja complicada.

| Unidos Podemos. Plantea un fuerte incremento del gasto público con un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica que incrementará el gasto público en unos 60.000 millones de euros en el conjunto de la legislatura. Para financiar este enorme gasto la formación morada propone aumentar los ingresos por la vía de la mejora de la progresividad fiscal y lucha contra el fraude hasta un total de 37.900 millones de euros. Esta cifra, asombrosa en términos de recaudación fiscal, se vería acompañada de un aumento de los ingresos de 14.100 millones por el mayor crecimiento económico que según sus responsables económicos producirá su política expansiva. Prevén que el crecimiento será del 3,5 % anual. Por último proponen una moderación y retraso del cumplimiento del objetivo del déficit que aportará unos 8.000 millones de euros adicionales.

En el caso concreto de los impuestos abogan por una reforma del IRPF que incremente el tipo impositivo para las rentas superiores a 60.000 euros, llegando al 55% a partir de 300.000 euros. Recordemos que la Constitución española propugna que el sistema fiscal no puede tener carácter confiscatorio. Además el número de contribuyentes con esas rentas es muy reducido por lo que la medida se nos antoja más cosmética que efectiva. Proponen también equiparar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo, sin valorar el impacto que tendrá esta medida sobre el ahorro.

En materia de Impuesto sobre Sociedades subirán el tipo impositivo general al 30% y configuraran un tipo mínimo para las grandes empresas. Minoración de bonificaciones y deducciones y mínimo exento en el Impuesto sobre Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, para "recuperar" la tributación de la riqueza. Propone, asimismo, un aumento de los bienes a los que se le aplicará el tipo mínimo del IVA, centrándose en aquellos que tienen un mayor peso en la cesta de la compra de los grupos de renta más baja, como si los que ganan más de 60.000 euros no fueran al supermercado. Y para luchar contra el poder financiero un Impuesto a las transacciones financieras, que no tiene ninguna viabilidad sino hay un acuerdo a nivel internacional y un Impuesto extraordinario a los beneficios obtenidos por el sector bancario privado. Por último, aunque no cuantifican los ingresos que generará esta medida, anuncian una subida de las cotizaciones sociales. En materia de fraude fiscal señalan que sus medidas, no demasiado concretas, supondrán un aumento de ingresos de unos 10.000 millones de euros, o sea que prácticamente duplicarán los actuales resultados de la Agencia Tributaria.

Es difícil de comprender cómo todas estas medidas van a animar a los empresarios a crear empleo, sobre todo si se acompaña de la derogación de la reforma laboral, pero hasta para eso tiene solución la coalición de izquierdas que con el Plan Nacional de Transición Energética crearán hasta 400.000 puestos de trabajo para mejorar la eficiencia energética de edificios públicos.

| PSOE. El otro partido que aboga por subidas de impuestos es el PSOE, y ello para poder financiar las importantes medidas de incremento de gasto público que presenta en su programa. Destacamos entre ellas el reconocimiento de unos ingresos mínimos a los hogares que carecen de todo ingreso, que cifra en 720.000, ampliación de la cobertura por desempleo, subida inmediata del salario mínimo en un 4%, recuperación del sistema nacional de la Salud y de la atención a personas en situación de dependencia. Medidas que supondrán inevitablemente un incremento del gasto público que no se cuantifica en el programa, aunque la cifra es sin duda relevante.

Para hacer frente a este incremento del gasto público se plantea una reforma fiscal a desarrollar en un plazo máximo de seis meses, que en el ámbito del IRPF mantendrá la tarifa del IRPF para las rentas medias y bajas e incrementará la tributación de las rentas del capital. Incorpora una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades, un mínimo común en el Impuesto sobre Sucesiones y en el Impuesto sobre el Patrimonio. En el IVA se propone la reducción del IVA cultural y por último un incremento de la fiscalidad medioambiental. En el ámbito del fraude fiscal se limita a señalar que la reforma lo sancionará ejemplar y eficazmente, excluirá definitivamente las amnistías fiscales y perseguirá los paraísos fiscales. Para contribuir a la lucha contra el fraude, se propone incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Tributaria.

No se aclara en el programa del PSOE que se entiende por rentas medias y bajas, que son a las que no se le subirá el IRPF y tampoco dice nada sobre una posible subida de impuestos a lo que se considere renta alta. No se precisa en cuanto se va a subir la tributación de las rentas del capital, pero desde luego, por mucho que se suba no va a ser suficiente para compensar el incremento del gasto.

Llama la atención también la configuración de un recargo de solidaridad para hacer frente al sostenimiento de las pensiones, aunque el candidato del PSOE ya ha aclarado que se traducirá en incrementos en "una cesta de impuestos", sin precisar tampoco que impuestos estarán dentro de la cesta.

En todo caso, el PSOE propone recetas muy similares a Unidos Podemos, si bien es menos concreto en la cuantificación del incremento de gastos e impuestos.

En la parte de política de mayor contención del gasto público y consecuentemente menos subidas impositivas se sitúan PP y Ciudadanos.

| Ciudadanos. La formación naranja dibuja en la memoria económica de su programa un escenario económico deteriorado como consecuencia de la gestión del PP, sin valorar el impacto que en este escenario haya podido tener la situación de crisis económica general. Desde el punto de vista de los gastos, propone una serie de medidas que, según manifiesta la memoria económica del programa, buscan recuperar la clase media, invertir en el futuro, especialmente en educación e innovación, y contribuir a la regeneración institucional a la vez que se reduce el coste de organismos innecesarios para los ciudadanos. Entre estas medidas destacamos el complemento salarial garantizado que supondrá un coste de 2.800 millones de euros, el refuerzo de las políticas activas de empleo dotado con casi 2.000 millones de euros, un plan contra la pobreza infantil que supondrá 2.651 millones, y un ahorro de 5.000 millones proveniente de la reforma de la administración y eliminación de duplicidades.

Y es que Ciudadanos no es partidario de subir los Impuestos, por lo que el incremento del gasto lo tendrá que financiar por otras vías. Propone así eliminar deducciones y agujeros del Impuesto sobre Sociedades sin tocar los tipos, mantener el IVA tal como está, salvo el IVA cultural que pasaría del 21 al 10%. En el IRPF, proponen una reducción de un 3% de media a partir del año 2018. Destaca el importante papel que se otorga a la lucha contra el fraude fiscal donde Ciudadanos propone en primer lugar reclamar 2.800 millones de euros a los beneficiarios de la amnistía fiscal, e incrementar de manera sustancial los medios materiales y humanos de la Agencia Tributaria lo que redundará en un incremento anual de sus resultados de más de 6.000 millones de euros.

| Partido Popular. El Partido Popular es el único partido que promete no subir ningún impuesto, e incluso rebajarlo en el caso del IRPF, y desde luego modera el crecimiento del gasto público frente a todos sus adversarios. En el análisis de su programa no encontramos medidas de gasto social del impacto de las que proponen los otros partidos, sino una continuidad en las políticas seguidas hasta el momento con especial atención a las familias. Sí existen propuestas de gasto destinadas al fomento de la actividad económica y la creación de empleo, que es donde pone el acento el PP como medio para fortalecer el crecimiento económico. En esta línea el PP propone exención de las cotizaciones a los primeros 500 euros de salario, o beneficios en el IRPF para los parados de larga duración que monten un negocio, los que encuentren trabajo por primera vez o los que trabajen mas alla de la edad de jubilación.

En el IRPF el PP propone una bajada generalizada de dos puntos, dejando el mínimo en el 17% frente al 19% actual y el tipo máximo en el 43%, además de mejorar los mínimos exentos. En el Impuesto sobre Sociedades mantiene la rebaja de tipos ya prevista con anterioridad a las elecciones, hasta dejar el tipo general en el 25%, en el año 2016. Introduce mejoras en la tributación de las PYMES que si crecen y reinvierten sus beneficios podrán duplicar, hasta 10 puntos, su rebaja del Impuesto de Sociedades. En los demás impuestos no se prevén modificaciones sustanciales, no se contemplan tampoco un impuesto sobre las transacciones financieras o el Impuesto extraordinario sobre los beneficios de las entidades bancarias.

En materia de lucha contra el fraude fiscal el PP asume en su programa un fortalecimiento de la lucha contra el fraude fiscal sin cuantificar un incremento de los resultados.

La bajada de impuestos que propone el PP redundará en un aumento de la actividad económica, lo que determina un mayor crecimiento y creación de empleo. Al tiempo, al no incrementarse excesivamente el gasto público, se podrá cumplir con las exigencias de reducción del déficit impuestas por Bruselas. Todo ello debe de conjuntarse con un esfuerzo decidido por eliminar burocracia y duplicidades y adelgazar las administraciones públicas, para poder así centrar el gasto público en el mantenimiento del Estado del Bienestar.

*Inspector de Hacienda del Estado