La alcaldesa respondió el 26 de octubre al escrito de Aqualia en donde pedía la revisión de tarifas al amparo del pliego de condiciones de la concesión, con otro escrito en el que indicaba a la empresa que en la cláusula novena del contrato se le obliga a ejecutar las mejoras ofertadas en la fase de licitación por importe de 3.174.920 euros con anterioridad al tercer año de la firma del contrato. Insiste en que sólo están reconocidas inversiones por 1.414.958 euros y alude a un informe del secretario municipal de fecha de 21 de diciembre de 2012 en el que indica que el Concello debía valorar la posibilidad de instruir procedimiento sancionador por la demora en la ejecución de las actuaciones previstas en el contrato. Santos les contestaba que no constaba que se hubieran realizado más inversiones pues los proyectos debían ser supervisados por el técnico municipal y aprobados por la junta de gobierno y en las actas no consta ningún acuerdo. En este escrito ya le decía que no procedía revisar el coste del agua y le pedía al mismo tiempo que remitiera la empresa la relación de conexiones irregulares a la red que detectó y le recordaba la necesidad de cumplir con la Ley de Ordenación Urbanística de que para la contratación de los servicios deben exigir las licencias. Además les advertía que el incumplimiento es infracción grave.
