El jefe de la Policía Local de Lalín, Jesús L.C.; el funcionario del Concello de Silleda Manuel V. B.; y el inspector de trabajo de Vigo Mauricio D.R. fueron detenidos ayer en el marco de la operación que lleva a cabo la Guardia Civil en relación con el club de alterne Tris Tras, de Chapa, en el municipio trasdezano. Los tres quedaron a última hora de ayer en libertad provisional tras declarar durante la tarde en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lalín; se les imputa un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y relativo a la prostitución, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Con estas tres personas, se eleva ya a trece -entre ellos, el presidente del Club Deportivo Lalín- el número de implicados en el caso, abierto a raíz de la redada practicada el pasado viernes en el citado club nocturno, cuyo cierre ha solicitado el fiscal. Éste no descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días, aunque la dirección de la operación corresponde a la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Tanto el sargento de la Policía Local de Lalín como el empleado municipal silledense quedaron en libertad sin obligación de comparecer ante el juzgado, aunque sí con cargos, según comentó el fiscal a última hora de ayer, tras finalizar una maratoniana tarde de toma de declaraciones. Jesús L.C. se enfrenta a un posible delito de tráfico de influencia, según declaró el fiscal del caso, Alejandro Pazos, que explicó que la supuesta infracción consistiría en que habría intentado utilizar su cargo para interceder por el propietario del Tris Tras ante otros cuerpos policiales en el sentido de que se "paralizaran expedientes sancionadores", en palabras de Alejandro Pazos. Antes de entrar a declarar, el jefe policial había manifestado que no tenía nada que ver con el caso y que únicamente había hablado una vez por teléfono con el también lalinense Arsenio J.C. -dueño del mencionado club de alterne de Chapa-, aunque afirma que no fue por nada relativo a la prostitución. El fiscal admite que la acusación en este caso es más débil que en los otros dos debido a la baja calidad de grabación de las conversaciones telefónicas intervenidas.

Al otro dezano imputado, Manuel V.B., se le achaca un supuesto delito especificado en el artículo 318 bis del Código Penal, que consiste en promover, favorecer y facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en el Estado español mediante la presunta falsificación de documento público. Según fuentes judiciales, se habría aprovechado para ello de su condición como encargado del padrón municipal. También en este caso la detención se produjo a raíz de conversaciones telefónicas en las que salía el nombre del imputado, quien insistió en que nunca concedió trato de favor a nadie, sino que se limitó a cumplir su trabajo rellenando los formularios. Alega, asimismo, que ha estado de baja laboral desde el pasado mes de abril.

Inhabilitación

La comparecencia más larga fue la del inspector de trabajo de Vigo, que se prolongó durante más de tres horas y concluyó hacia las nueve de la noche, momento en que salió de las dependencias judiciales acompañado de su abogada. Mauricio D.R., de 58 años de edad, sí deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado Número 2 de Lalín. Contra él pesa la misma acusación que contra el funcionario de Silleda, esto es, favorecer la entrada ilegal de inmigrantes.

En caso de ser condenados, los dos funcionarios dezanos y el vigués podrían perder su empleo, ya que, según el fiscal, ambos delitos conllevan inhabilitación temporal.

Las últimas detenciones han levantado gran expectación en la zona debido a que los imputados son personas públicas. Esta Redacción intentó sin éxito durante la noche de ayer recabar la opinión sobre el asunto del alcalde de Lalín, Xosé Crespo Iglesias.