Entre 2008 y 2015 la flota pesquera española (principalmente gallega) perdió 3.429 efectivos y una quinta parte de su capacidad, que se mide en toneladas GT ( gross tonnage). Porque pese a ser la más numerosa, es una de las que dispone de menos cuotas de pesca en virtud de un acuerdo (el principio de estabilidad relativa) de 1986, lo que acelera los ceses de actividad y desguaces. En esos mismos ocho años se dejaron sin faenar en aguas comunitarias 1,6 millones de toneladas por un valor comercial de 3.116 millones de euros. La flota gallega encomienda parte de su viabilidad al alquiler de estas cuotas sobrantes, algo que, según el comisario de Pesca Karmenu Vella, depende exclusivamente del Gobierno de España. La ministra Isabel García Tejerina llevó este tema a Bruselas en marzo del año pasado para, según fuentes consultadas por FARO, evaluar los intercambios entre Estados miembro. Pero la responsabilidad, dice Vella, es de su ministerio.
El artículo 16 de la Política Pesquera Común (PPC), aprobada en 2013, " permite la redistribución de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros mediante el intercambio voluntario de la totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas", expone el comisario en un documento fechado el pasado lunes. "Estos intercambios -continúa- son competencia de los Estados miembros y la política pesquera común, como tal, no contempla que la Comisión pueda decidir sobre la redistribución temporal de cuotas no utilizadas". Por tanto, la competencia no es suya. Como avanzó este periódico, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) logró en julio de 2016 un acuerdo con empresarios holandeses para arrendarles cuotas que ellos no utilizan, pero el pacto quedó en nada porque Madrid nunca cambió la orden ministerial que permitiría ejecutarlo.
Las comparaciones
En el año 2015, por ejemplo, la propia Holanda recibió una asignación de solla de algo más de 60.000 toneladas; España, 66. Y los primeros dejaron sin faenar 23.429 toneladas, según los registros analizados por ARVI, que tendrían un valor en primera venta de más de 93 millones de euros (según el precio medio registrado en las lonjas gallegas en lo que va de año). Y las 6.736 toneladas de rape que quedaron sin explotar se pagarían por casi 35 millones de euros. Solo con disponer del sobrante de rape, como estima el director gerente de ARVI, José Antonio Suárez-Llanos, habría impedido la fuga de una decena de barcos de Gran Sol, que se deslocalizaron en Irlanda, Francia o Reino Unido. Estos tres países son responsables de dejar en el mar el 60% de la cuota sobrante de rape: más de 4.000 toneladas. Más de 20 millones de euros de valor. Es lo que facturan de media veinte arrastreros de Gran Sol con puerto base en Vigo.
La situación para la flota será más complicada todavía en 2019, cuando entra en vigor la obligación de desembarcar todas las capturas, tanto si los barcos tienen cuota como si no. Si un arrastrero tiene un cupo de 100 toneladas de merluza y cero de solla, por ejemplo, si captura 50 toneladas de la segunda especie pasarán tres cosas: deberá llevarlas a puerto, no podrá obtener rendimiento económico y se le restará la misma cantidad de la especie que sí tiene asignada. A este respecto, y en un respuesta remitida al eurodiputado gallego Francisco José Millán Mon, Vella es rotundo. "La Comisión no prevé la introducción de nuevas disposiciones para la redistribución de la cuota no utilizada entre los Estados miembros a la luz de la obligación de desembarque".
