La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha puesto sobre la mesa de la Secretaría General de Pesca una propuesta de modificación en una normativa que daría luz verde al alquiler de cuota a Holanda que están negociando con unas empresas del país neerlandés, como publicó FARO en julio. La alteración tendría que ver con un párrafo de la orden ministerial relativa al plan de gestión para los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros -mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto- que operan en el Atlántico Nordeste. El objetivo es, en definitiva, que la cuota lograda por una empresa o asociación española mediante la negociación con otra de un Estado miembro sea repartida entre sus propios buques y no entre toda la flota española.
ARVI logró una parte de la cuota que no utilizan las empresas holandesas, si bien no ha transcendido ni la cantidad ni las especies. Es un acuerdo pionero en España que todavía está pendiente del Gobierno para que se concrete, una aprobación que se está ralentizando debido a la época estival y también a la falta de Gobierno estable, al igual que sucede con las subvenciones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
En concreto, la variación que quieren incluir está en el punto ocho del artículo número tres de la orden ministerial AAA/1510/2014 que establece que este tipo de intercambios tienen que ser puestos en conocimiento de las demás asociaciones. De esta forma, la cooperativa estaría "trabajando para otras asociaciones" al haber negociado ellos la cuota pero ser repartida entre todos. "Después de que el país realice los llamados swaps [intercambios] de cuotas con otros países nos toca a nosotros, pero es para todos", explican desde la cooperativa viguesa.
Cotización en Francia
Este importante intercambio de cuota no es lo único que se encuentra en stand by por parte del Gobierno. ARVI también está pendiente de lograr una solución para los marineros de barcos gallegos abanderados en Francia que el país galo obligó a cotizar en el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM, versión gala del Instituto Social de la Marina).
El problema viene desde octubre de hace un año y desde el sector entienden que España no ha hecho lo suficiente para evitar que los marineros tengan que cotizar allí. Las últimas informaciones apuntan a que podría estar cerca un acuerdo que satisfaga tanto a armadores y marineros como a los franceses, aunque el sector pesquero afectado -unos 50 buques con 530 marineros- ya ha sufrido las consecuencias de la presión ejercida por el país vecino.
Según se supo a mediados del pasado mes de junio, el 37% de los marineros de barcos de Vigo, Marín, A Coruña, Cedeira, Burela y Celeiro ya tuvieron que pasarse al ENIM.
