La patronal cifra en solo 153 las viviendas de Vigo en las que podría limitarse el alquiler
Suponen el 0,5% de las casas y pisos en arrendamiento en la urbe
Advierte que topar los importes reducirá la oferta hasta un 25% en favor de las propiedades de uso turístico
Carteles de "Se alquila" en la calle Policarpo Sanz. / Alba Villar
La limitación a los precios del alquiler, medida recogida en la nueva ley de vivienda estatal y que el Concello de Vigo estudia, tendría, según la patronal inmobiliaria, un efecto mínimo en la ciudad, donde se exigen 9,8 euros por metro cuadrado de media –un 5,5% más que un año antes, la cifra más alta de la serie histórica, un 42% más que hace 10 años–. La Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) cifran en solo 153 las propiedades en arrendamiento que se beneficiarían de esta propuesta, impulsada por el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE en la anterior legislatura para facilitar el acceso a un hogar.
El presidente de ambas entidades, Benito Iglesias, destaca que “únicamente el 0,5% de las casas y pisos en alquiler en Vigo son de grandes tenedores” –se aplica la medida a propietarios con 10 o más viviendas–, con lo que el impacto de la declaración de zona tensionada, que debe ser aprobado por la Xunta, “es mínimo, y el perjuicio a la oferta de viviendas en arrendamiento, máximo”, puesto que “aumenta todavía más la retirada de los propietarios de viviendas en alquiler habitual para derivarlas al circuito de viviendas vacacionales”, que supera las 1.700 viviendas. “La previsión es que pasen de 2.000 en el tercer cuatrimestre y que las viviendas en alquiler se reduzcan entre un 20 y un 25%, por lo que serán menos de 400 –ahora son unas 420–”, apostilla.
Con la reciente publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda –ofrece un rango de valores máximos y mínimos que sirve para orientar–, las comunidades autónomas pueden declarar áreas de mercado residencial tensionado, según la ley de vivienda. “Pero se permite establecer límites a los precios de los nuevos contratos de alquiler, nunca a los contratos vigentes, que, ya de por sí, están limitados a una subida del 3% en este año”, matiza Benito Iglesias para explicar que esta medida afectará a una parte muy reducida del parque inmobiliario, por lo que llama a movilizar las viviendas vacías, más de 15.000, según la patronal; más de 20.000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Creo que la limitación de precios va a provocar una nueva disminución de la oferta de vivienda disponible, con el consiguiente aumento de los precios, lo que generará un bucle de difícil salida”, advierte el presidente de Fegein y Asemi. Añade que los inquilinos, en base a este sistema estatal de referencia de precios, reclamarán la cantidad más baja del rango indicado, mientras que los propietarios harán lo contrario. Esta coyuntura ya se está observando en Cataluña, la única comunidad autónoma en la que está en marcha el tope de las rentas –se aplica en 140 municipios para propietarios de cinco viviendas o más (adaptó la definición de gran tenedor) en áreas tensionadas–.
La ley de vivienda determina que un área puede ser declarada tensionada si la evolución del precio de la zona –ya sea de arrendamiento o compra– ha superado en al menos tres puntos el IPC (Índice de Precios de Consumo) de los últimos cinco años o el desembolso medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros supera el 30% de la renta media de los inquilinos de esa zona. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) elaboró un estudio pormenorizado que concluye que el alquiler podría limitarse en 15 barrios de Vigo: se encuentran en Oia, parte de Coruxo y de Candeán, Navia, zonas de Valladares, el centro, Lavadores, Bembrive, Cabral y Teis.
La responsable municipal del área de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, aseguró que el Ayuntamiento “estudia” la declaración de zona tensionada del alquiler, medida que debe pedir al gobierno autonómico y este aceptarla para poder aplicarse. Espera dar este paso, según precisó, cuando la entidad de San Caetano, que tiene las competencias en materia de vivienda, le aporte a la de Praza do Rei los datos “reales y oficiales” de las cuantías de las rentas de los contratos de arrendamiento, una información a la que tiene acceso a través de las fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta.
Lo cierto es que es un dato de acceso público. El importe medio de los alquileres en Vigo el año pasado fue de 611,90 euros, como concretan Fegein y Asemi. El de febrero –el más actualizado– ascendió a 620.
La Sareb, en el punto de mira
Benito Iglesias subraya que el mayor tenedor de viviendas en Vigo es la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), participada mayoritariamente por el Estado. Urge que sus propiedades pasen a manos de las administraciones públicas para alumbrar un parque de vivienda social.
Carta al Concello por el derecho a un hogar
Amnistía Internacional remitió ayer una carta al alcalde, Abel Caballero, a la que tuvo acceso FARO. En la misiva, reclama al Concello que solicite “decontado” aplicar el control de precios en las zonas definidas como tensionadas para “frear a especulación e abusos no prezo”, concretar “que medidas vai adoptar para controlar o aumento das vivendas de uso turístico” y aclarar “que vai facer en relación coas 43 vivendas da Sareb dispoñibles en Vigo para alugueiro social”.
La entidad, que representa un movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 150 países y territorios, también pide al Ayuntamiento que incluya en los presupuestos de 2025 “unha partida orzamentaria que garanta un parque mínimo de vivendas destinadas a políticas sociais” y “elaborar un plan plurianual para acadar o obxectivo do 15% do estándar europeo”, así como “reforzar os recursos para garantir que ningún desafiuzamento deixe ás persoas na rúa, incorporando a perspectiva de xénero nas políticas municipais de vivenda e garantindo a non discriminación”.
Amnistía Internacional aplaude la moción presentada por el BNG en el pleno municipal ordinario del lunes para declarar Vigo como zona tensionada de vivienda, limitar la proliferación de los pisos turísticos y reclamar compromisos concretos a los gobiernos vigués, gallego y español con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar, un derecho recogido por la Constitución. En la sesión plenaria, el concejal del PP Miguel Martín recordó que la Xunta ya ha dicho que “tramitará ante el Ministerio todas las peticiones que le lleguen de los concellos” para la declaración de zonas tensionadas de alquiler. Apostilló que es el gobierno de Caballero el que “debe precisar y justificar” las áreas que quiere acotar para poder aplicarse esta medida.
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