El Puerto teme al perjuicio que ocasionará a las empresas radicadas en la zona de Teis y Chapela la prohibición de circular el tráfico pesado por Sanjurjo Badía a partir del 2 de febrero y hace un llamamiento a la "responsabilidad" del alcalde para que se replantee su decisión. De lo contrario, el presidente Enrique López Veiga avisa que recurrirá la medida "si se ven lesionados los intereses del Puerto".

En la rueda de prensa de ayer posterior al Consejo de Administración, Veiga reiteró el mensaje lanzado horas antes en la reunión con los consejeros donde el alcalde de Vigo y el vicepresidente de la Xunta escenificaron el desencuentro que mantienen ambas administraciones sobre a cuál compete proyectar y costear la solución que permitiría a los camioneros prescindir del paso por Sanjurjo Badía: la conexión de Buenos Aires con la AP-9. "Fue un debate vivo", admitió López Veiga, que presentó al Consejo dos documentos: uno que detalla las empresas que se verían afectadas por la mencionada prohibición y otro, con la respuesta de la Abogacía del Estado confirmando "la legitimidad" del Puerto para promover un recurso contra la orden municipal.

El primero señala que en la zona de A Guía y Ríos (en Teis-Vigo) y de Chapela (Redondela) hay empresas con accesos viarios que deben compatibilizar con el uso general "por carecer de alternativa y "mientras no se realice una optimización e ciertas infraestructuras". Cita Vulcano, Metalships, Montenegro, Astinor; Frigalsa, Frioteis, Frioya, Pescanova, Gambuza y Aucosa; y firmas transportista que verían bloqueadas el acceso a sus sedes como Transportes Hermanos Andaluz y Transportes Portuarios Gallegos.

Respecto a la consulta que al abogado del Estado, Veiga interpreta que la orden del Concello "debe estar motivada y vinculada a los fines que se persiguen en Sanjurjo Badía no a otras cosas". "Pero el Puerto puede recurrir o secundar los derechos de los afectados", indicó. En todo caso espera que "el sentido común se imponga" y pidió tiempo "porque las cosas no se pueden arreglar en dos días. Habrá que buscar alternativas". Como las ya conseguidas para el almacén de contenedores de Teis, que se reubicarán en terrenos portuarios, por lo que la extensión a Julián Estévez del veto a los camiones ya no le preocupa tanto. "No va a haber problemas", aseveró.

Tampoco teme el alcalde al recurso que sopesa el Puerto. "Nos asiste la razón y el respecto a los ciudadanos de Vigo", resaltó. Y aunque volvió a ratificarse en su intención de prohibir el tráfico de camiones de cinco ejes por Sanjurjo Badía sí permitirá "excepciones" con las empresas que carezcan de alternativa, "pero de momento no ha aparecido ninguna así que 800 camiones dejarán de circular a su libre albedrío por Sanjurjo Badía".

Sobre el enlace con la AP-9

A juicio del regidor, su propuesta de desviar los tráficos por la AP-9, con los accesos desde Buenos Aires, "es lo mejor para el Puerto". Un acceso que, remarcó, debe proporcionárselo Xunta y Fomento.En este sentido, la Alcaldía remitió por la tarde un informe del secretario municipal que excluye al Concello de la responsabilidad de "financiar los costes de la redacción del proyecto técnico" de ese enlace con la AP-9 "sin perjuicio de las obligaciones que en tal sentido, voluntariamente, y en unión con otras administraciones, asuma".

Es lo contrario a lo que defiende la Xunta que también dio a conocer ayer otro análisis jurídico que respalda su postura. Emitido por la Asesoría Xurídica Xeral, argumenta que la AP-9, y su ramal, AP-9V son viales de titularidad incluidos dentro del Anexo II del "Catálogo de Red de Carreteras del Estado" regulado por la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado. De esta normativa, la asesoría del gobierno gallego "se deduce que la planificación, programación, realización de los estudios, aprobación de anteproyectos y proyectos, financiación, construcción y explotación directa o indirecta de las carreteras incluidas en este catálogo es una materia atribuida a la competencia de la Administración del Estado y no de la Comunidad Autónoma de Galicia". Por tanto, concluye el informe que la pretensión del Concello de que la Xunta redacte el proyecto y la ejecución del citado enlace de Buenos Aires con la AP-9V "carece de base legal".