Marea de Vigo ha desistido como acusación popular en la denominada Operación Patos, que investiga la presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, y reclama la devolución de la fianza de 6.000 euros que la magistrada de Instrucción 7, Carmen García Campos, fijó para que pudieran personarse.
El portavoz del grupo municipal, Rubén Pérez, informo ayer a FARO que el objetivo era tener acceso y conocer el contenido de las investigaciones judiciales en lo que respecta a los concejales y representantes políticos investigados ante la falta de una comisión de investigación en el Concello. Una vez que se ha archivado la causa contra todos los políticos, salvo el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, Marea de Vigo considera que su labor como acusación ha concluido. No obstante, Rubén Pérez apunta que la administración debería abrir comisiones de investigación sobre los funcionarios y técnicos investigados en las piezas separadas abiertas por la juez.
