El mediador en la negociación de la reforma de la estiba entre sindicatos, patronal y el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, entregó ayer su propuesta a las tres partes. Justificada con la afirmación de que "llegó el momento de dar forma a unos acuerdos mínimos indispensables que permitan cimentar el resto de la negociación" o de lo contrario, advierte, "corre el riesgo de atasco innecesario", el documento de Peña concluye en su décimo sexta página como una consideración que resume lo esencial: "Mantener el empleo con el instrumento legal que se considere suficiente; contribuir a la mejora organizativa del sector respetando la legalidad vigente y comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el daño".

Para el mediador, la regulación derivada de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2014 tiene que incluir "una normativa transitoria para la aplicación de los efectos laborales de la nueva ordenación de la actividad empresaria". Efectos de "alcance jurídico" como los que se producirán por el hecho de que las empresas ya no tengan la obligación de inscribirse en las Sageps ni contratar de forma prioritaria a los trabajadores de esta sociedad (en el caso de Vigo, 110). Por ello, Peña plantea que la nueva normativa, "en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente, configurará una situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a disposición de los trabajadores". Situación a la que deberá aplicarse, apunta, "la normativa sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas".

Ante la complejidad del escenario que generaría la liberalización del sector, el mediador aconseja "combinar la normativa estatal con la negociación colectiva". La primera tendría "una dimensión de adaptación de la regulación laboral común a estas circunstancias transitorias", mientras que la segunda, seguiría el "diseño de medidas de apoyo público que faciliten la transición".

Para el mediador, la reordenación de la actividad empresarial es de una magnitud suficiente para constituir "causa organizativa a los distintos efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores". Así que plantea adaptar las reglas del artículo 44 del citado estatuto en materia de transmisión de empresas "en función de la necesidad de adoptar medidas laborales en relación con los trabajadores". Una ordenación de medidas que considera "propias de la negociación colectiva". Por ello propone que la "formulación legal del principio de subrogación empresarial se complementará y articulará con fórmulas de subrogación convencional".

En el resto del documento, el mediador asume algunos de los aspectos del principio de acuerdo alcanzado este miércoles entre sindicatos y la patronal Anesco. En apartados como el de "Mejoras organizativas y productivas en el sector", prácticamente en su integridad.

Ahora las partes tendrán que pronunciarse sobre la propuesta del mediador antes de las 13.00 horas del próximo 4 de abril.