La juez que investiga el "caso de los enchufes" en Vigo ha retirado la condición de investigado al concejal Santos Héctor, pero mantiene el procedimiento abierto contra el funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe, jefe del servicio de Participación y Atención Ciudadana, y el empresario administrador de la firma Imesapi, Ramón C. A. La magistrada del juzgado Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, ha acordado el sobreseimiento del edil al entender que "de lo actuado no resulta suficientemente acreditado el conocimiento efectivo".

Durante el curso de la instrucción se había decretado ya el sobreseimiento de las actuaciones con respecto a dos interventores del Concello y al apoderado de la empresa. Santos Héctor se suma así a ese listado. Una relación en la que también figura Vanesa Falque, cuñada de la teniente alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, por prescripción del delito que se le imputaba.

En el auto se detalla que de "las diligencias practicadas resulta indiciariamente acreditado que prevaliéndose de su relación de parentesco con la entonces teniente de alcalde del Concello", Falqué pidió a Francisco Javier Gutiérrez Orúe que le consiguiese trabajo, lo que este habría hecho a través de Imesapi, adjudicataria del servicio de Atención al Público y Conserjería en los centros cívicos municipales vigueses.

Falqué estuvo contratada cinco años, hasta que concluyó la prestación por parte de la empresa del servicio adjudicado. Según se indica en el auto, con el fin de compensar a la empresa por el coste de la contratación, "en la medida que venía impuesta por el Concello de Vigo", F.J.G.O. ideó la fórmula de adjudicar a Imesapi una serie de contratos menores cuya finalidad era la realización de encuestas de calidad.

Entre 2008 y 2013 se le adjudicaron nueve contratos con un coste de 108 000 euros, que la empresa "facturó siguiendo las instrucciones" del jefe de servicio y que fueron cobrados al Concello para pagar presuntamente la nómina de Falqué. Tras la investigación, la jueza concluye que la empresa no ha podido demostrar que realizase las encuestas por la que cobró.

La causa se sigue ahora contra el funcionario y el empresario por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental. Se mantiene "por razón del pago por parte del Ayuntamiento de Vigo a la empresa Imesapi de diversas facturas" por más de 128.000 euros, que en su mayor parte corresponden "a la realización de las llamadas encuestas de calidad".