Los juzgados de Familia de Vigo no solo resuelven sobre rupturas de pareja y los litigios que derivan de las mismas. Estos tribunales tienen entre sus competencias otras cuestiones que nada tienen que ver con los asuntos matrimoniales: se trata del control judicial de los ingresos de enfermos psíquicos en hospitales psiquiátricos, de la supervisión también de los internamientos de personas mayores con demencia senil en centros de tercera edad y de los expedientes de incapacidad. Y esta labor más desconocida ya supone, numéricamente hablando, más carga de trabajo que los propios pleitos de separaciones y divorcios. Si en lo que va de año las dos salas titulares y la de refuerzo registraron 625 causas de parejas que decidieron poner fin a su relación, lo que supone una caída de un 16% con respecto al ejercicio anterior, los asuntos de internamientos e incapacidades sumaron 789 debido al notable incremento que hubo de este tipo de casos, especialmente de los ingresos en geriátricos.
En lo relativo a rupturas matrimoniales, en los juzgados de Familia vigueses, salvo excepciones, la cifra de litigios siempre solía ir al alza. Echando la vista atrás, desde 2008 estos procesos judiciales fueron aumentando progresivamente, hasta el punto de que en 2012 se registró todo un récord: casi 1.300 asuntos en un año. La tendencia daba un vuelco en 2013, con una bajada que dejaba estos pleitos en apenas un millar. Pero en los dos años siguientes volvieron a aumentar y el pasado 2015 cerraba de nuevo con más de 1.200 causas.
Sin embargo, en el presente ejercicio el número de parejas que oficializaron el final de su relación en estas salas especializadas ha vuelto a descender. Y es que las estadísticas evidencian que entre el 1 de enero y este pasado 21 de julio hubo un total de 625 casos de rupturas: un número en el que se incluyen divorcios, separaciones y los procedimientos more uxorio, que son los instados por parejas de hecho que tienen hijos menores. La cifra supone una caída de un 16% con respecto a la que se registraba en el mismo período de 2015, cuando el total de rupturas se situó muy cerca de las 750.
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La tendencia que sí se mantiene es que los procesos de separación son más avenidos, ya que son mayoría los cónyuges que, una vez acaban su vida en común, deciden dejar sus desavenencias a un lado y ponen fin a su relación mediante los denominados procedimientos de mutuo acuerdo. Abogados especializados en litigios matrimoniales destacan que los procesos de esta índole son mucho más aconsejables que los contenciosos: estos últimos obligan a celebrar juicio y se demoran más en el tiempo.
Pero lo más destacado de los datos que arrojan este año los juzgados de Familia es que la labor que realizan relacionada con internamientos e incapacidades, que nada tiene que ver con los litigios propiamente matrimoniales, gana cada vez más peso. Uno de los cometidos de estas salas es atender las peticiones que se producen por parte de residencias de la tercera edad de autorización judicial para los ingresos de aquellas personas que, debido a una demencia senil u a otro tipo de enfermedad, no pueden decidir por si mismas. La comisión judicial debe trasladarse a geriátricos de Vigo y de la zona del Val Miñor. Y esta labor aumentó un significativo 65%: si entre enero y julio de 2015 se recibieron 143 solicitudes de esta índole, en lo que va de 2016 la cifra ya ronda las 240.
En lo relativo a internamientos estos juzgados también se encargan del control judicial de los ingresos no voluntarios de enfermos psíquicos en hospitales psiquiátricos: hubo un 11% de casos más, al pasarse de los casi 350 de los primeros siete meses de 2015 a los 383 del actual año. Y crecieron casi un 30% los expedientes de incapacidad, un trámite que suelen solicitar los familiares de los afectados. Frente a los 133 del pasado ejercicio, en este 2016 hubo 170.
Bajan los procesos de padres separados para pedir una reducción de la pensión de alimentos
- Si hubo un tipo de pleito en los juzgados de Familia que se relacionó de forma directa con la crisis económica ese fue el instado por padres separados que, principalmente tras quedarse en paro, solicitaban una reducción en las cuantías de las pensiones de alimentos que debían pasar a sus hijos. El número de las denominadas modificaciones de medidas no dejaba de subir ejercicio tras ejercicio. Pero este año hubo un importante descenso: si en los primeros siete meses de 2015 estos tribunales tramitaron 234 procedimientos de este tipo, en lo que va de 2016 la cifra se redujo a 188, un 20% menos.Aunque todo lo relativo a las pensiones a los hijos menores son las peticiones más frecuentes que se dirimen a través de estas modificaciones de medidas, en las mismas hay otro tipo de solicitudes, como pueden ser las relativas a cambios en los regímenes de visitas contemplados en los convenios reguladores.
