El concejal vigués de Participación Ciudadana, Empleo y secretario provincial del Partido Socialista de Galicia en Pontevedra, Santos Héctor Rodríguez, trasladó ayer su "total colaboración" con la justicia en la causa en la que está siendo investigado y ha defendido que sus actuaciones "siempre fueron impecables y con escrupuloso respeto a la ley".
Las declaraciones fueron ayer durante su primera comparecencia ante los medios desde que el lunes pasado trascendió que está siendo investigado por la jueza de Instrucción número siete de Vigo en relación con la causa que investiga el supuesto "enchufe" de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una contrata del Ayuntamiento vigués.
Durante su comparecencia pública, Santos Héctor ratificó que el martes recibió la citación judicial para comparecer ante la jueza el próximo día 23 de febrero pero aclaró que todavía no dispone del auto. No obstante, el edil vigués remarcó que "sin auto o con auto" presta su "total colaboración" con la justicia para "esclarecer los hechos".
El concejal socialista deberá acudir al juzgado el próximo 23 de febrero a las diez de la mañana para aclarar su responsabilidad en la autorización de una serie de contratos en favor de la empresa Imesapi que, según sospecha la instrucción, tenían como finalidad compensar a dicha firma por la contratación de Vanesa F.B., cuñada de la concejala y presidenta de la Diputación, Carmela Silva.
Contratos menores
La magistrada resolvió tener por investigado a Santos Héctor por considerar que era quien en última instancia autorizaba y resolvía los contratos menores de servicios que están siendo objeto de investigación. Se trataría de nueve rubricados entre los años 2008 y 2013 con Imesapi y que, según se considera en la investigación, podrían tener como "verdadera función o finalidad compensar" a esta firma por los costes de contratación de María Vanesa F.B.
En este procedimiento también está siendo investigada la propia Vanesa F.B., así como el jefe de área de Participación Ciudadana y Empleo, Francisco J.G.O. Por su parte, respecto al interventor y a su predecesor imputados, se acordó el sobreseimiento provisional.
